Conforme se aproxima la fecha en la cual deben darse las definiciones partidistas respecto de los nombres que aparecerán en las boletas electorales el próximo mes de junio, quienes tienen aspiraciones políticas, y actualmente ocupan un cargo de elección popular, han comenzado a dejar puestos vacantes en la administración pública.

La lista es todavía corta y se limita, en estricto sentido, solamente al hoy exalcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, quien se ha separado formalmente de su cargo para buscar la candidatura del PRI al Gobierno de Coahuila, aunque pronto se le unirá el presidente municipal de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien fue electo como candidato de su partido, UDC, a Gobernador, pero aún no deja vacante el cargo.

Otros munícipes –entre ellos los de Saltillo y Monclova–, así como diputados locales y eventualmente regidores podrían dejar su cargo en fecha próxima a fin de participar en la contienda electoral mediante la cual se renovarán todos los cargos de elección popular en la entidad.

Y como siempre se dice en estos casos, las aspiraciones de cada persona deberán ser respetadas, pero las responsabilidades públicas tendrán que seguir siendo cumplidas y eso es lo que a los ciudadanos de a pie les preocupa de manera fundamental.

¿Quién se hará cargo de la conducción de los asuntos municipales durante el tiempo que dure la “aventura” de quienes hoy han decidido abandonar temporalmente sus funciones para dedicarse a hacer campaña?

La respuesta sencilla es que, en el caso de los presidentes municipales, se harán cargo de dichas tareas quienes designe el Congreso del Estado, pues es ese órgano el facultado para decidir la suplencia, si bien lo debe hacer a propuesta del partido político que gobierna.

Pero lo que a los ciudadanos preocupa no es esencialmente el nombre y el apellido de quien se hará cargo temporalmente de la conducción de los asuntos públicos, sino el hecho de que tal circunstancia no constituya un obstáculo para la buena marcha de los asuntos públicos.

Porque a las actuales administraciones municipales –y a las diputaciones locales– aún les resta un año de su actual encargo y los ciudadanos esperan que quienes fueron electos para desempeñarse como tales no abandonen sus funciones o dejen de lado los compromisos contraídos con la comunidad.

Lo que se espera es que la realización de una contienda electoral no se convierta en un dique para el desarrollo de las actividades ordinarias, sino que mientras la campaña se desarrolla cualquier ciudadano pueda acudir a las oficinas públicas y obtenga en éstas las respuestas que busca a sus problemas o necesidades.

En pocas palabras, lo que se espera es que la actividad gubernamental no se detenga, es decir, que la campaña política no implique el congelamiento de la actividad pública y ello implique que todo mundo deba esperarse hasta que finalice la campaña –o, peor aún, hasta que asuman las nuevas autoridades– para obtener respuesta a sus peticiones.