Elba Esther Gordillo presentó quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violaciones a sus garantías individuales.

Además, se interpuso una queja administrativa contra Alejandro Caballero Vértiz, titular del juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y se amplió una denuncia penal en su contra en la Procuraduría General de la República por diversos delitos.

A través de un comunicado, el despacho de Marco Antonio del Toro, informó que se pidió expresamente a la PGR que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, tome conocimiento de las violaciones a varios derechos fundamentales de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

También se interpuso una queja ante un Tribunal Colegiado de Circuito contra la decisión del juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal que negó conceder la suspensión provisional contra la ampliación de medidas cautelares, que restringen visitas y llamadas de la profesora.

"Todo ello para combatir las claras violaciones a diversos derechos humanos de la maestra, entre ellos a la intimidad, privacidad, a la inviolabilidad de su domicilio y a sus comunicaciones privadas", señaló el equipo de abogados.

"Es evidente el carácter de persecución política que enfrenta la maestra, ya que estas medidas de control están directamente relacionadas con la adherencia a un candidato a la Presidencia de la República de su yerno y nieto, lo que gestó especulaciones sobre sus propias decisiones, a pesar del prudente silencio de años que ha guardado la maestra", detalla el comunicado.