TEMACAPULÍN, Jal.- Un cerro destazado ladera abajo y un muro de 80 metros de concreto irrumpen en el curso natural del Río Verde, en Los Altos de Jalisco. Es la imagen de una represa que nunca ha tenido agua.

Fue en 2005 cuando se anunció la construcción de la presa El Zapotillo, impulsada por la Conagua, con apoyo de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato; tendría una cortina de 80 metros, se construiría en tierras de Jalisco y llevaría agua del Río Verde hacia León, Guanajuato.

En 2008, el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que la cortina no mediría 80, sino 105 metros. Con esa altura el embalse ocuparía más de 4 mil 800 hectáreas, por lo que se inundarían tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Desde el inicio se gestó una de las luchas más peculiares de las últimas décadas en México: la Revolución del Agua de Temacapulín, una movilización de un millar de habitantes de los tres poblados milenarios, que durante 12 años se han opuesto a la represa que los expulsaría de sus casas e inundaría miles de hectáreas de tierras fértiles y sus sitios de ceremonias, iglesia y panteón. Su patrimonio tangible e intangible.

En 2005 Conagua autorizó el proyecto sin consulta ni información a las comunidades, pese a que así lo estipulan tratados internacionales ratificados por México.

Los pobladores enviaron cartas a los ayuntamientos, organizaron marchas y plantones, impulsaron una batalla judicial para evitar ser desplazados. 

Su lucha se acentuó cuando la Conagua licitó la construcción de una presa del doble de capacidad e impacto autorizado, de 105 metros de altura. Estos cambios, que suponían la inundación y afectación definitiva de las comunidades, se presentaron sin una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.

Las obras se adjudican a un consorcio en el que la mitad del capital lo ponen las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon, y la otra mitad una empresa española: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Indemnización millonaria

En medio del conflicto, el ex sacerdote Gabriel Espinoza pasó de guía espiritual a vocero del Comité Salvemos Temaca. 

Decidió abandonar el sacerdocio en 2015, debido a las presiones al interior del Arzobispado por su participación en el comité. De él es la frase “agua para todos y agua para siempre”, un lema que surgió en 2010 en las mesas de diálogo que sostuvo la comunidad con la Secretaría de Gobernación, a cambio de liberar el bloqueo que mantuvo la obra detenida en el Río Verde, tras el primer fallo judicial que ordenó su suspensión.

Para el religioso-activista, el problema se sintetiza en los beneficios económicos que deja este tipo de obras: “Les interesa el agua siempre y cuando ellos vayan a adquirir grandes ganancias; Temacapulín ha demostrado que podemos ser autogestivos y defendernos de empresas extranjeras, mexicanas, y de los gobiernos corruptos”.

Los fallos judiciales se sucedieron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2013 decretó que la represa debía apegarse a la altura y capacidad que planteó la declaración de impacto ambiental y no a la que se licitó.