El pasado 29 de febrero —76 años después de la expropiación petrolera realizada por Lázaro Cárdenas—, el presidente López Obrador decidió agarrar el toro por los cuernos y mandó a la Cámara de Diputados una “iniciativa preferente” para reformar la Ley de la Industria Eléctrica de 2013, promovida por Enrique Peña Nieto. Esta Ley permitía la participación del sector privado nacional y extranjero en actividades de extracción y exploración de petróleo, así como en la generación de energía eléctrica, quedando establecido que podrían participar compañías extranjeras en la extracción de petróleo en aguas profundas y extraer el gas shale con la técnica del fracking en la cuenca de Burgos, al norte del País, lo que permitiría que los mexicanos tuviéramos acceso a energéticos y electricidad de menor costo y más competitivos.

Sin embargo, de acuerdo con una auditoría que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2019, sobre esa ley se concluyó que no cumplió con sus objetivos y le impidió a Pemex ser una empresa rentable; y no contribuyó a disminuir los costos de gasolina y luz en los hogares mexicanos.

Los objetivos medulares de la reforma de 2013 fueron: desplazar al Estado en todas las actividades del sector energético, modificar los derechos de propiedad mediante el régimen de contratos y generar mecanismos para convertir lo público en privado, incluyendo la transformación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En otras palabras, se transfería riqueza al extranjero y se desmantelaba la economía nacional, agotando el petróleo e incrementando los niveles de pobreza.

De acuerdo con declaraciones de Emilio Lozoya, para la aprobación de la reforma energética de 2013, varios legisladores y altos funcionarios del sexenio pasado aceptaron sobornos para aprobarla. Si esto se llegara a demostrar con pruebas contundentes tendría que someterse a proceso de cancelación.

La iniciativa del presidente López Obrador de reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es sin lugar a dudas el golpe más ambicioso y certero a la privatización encubierta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y deja fuera a nacionales y extranjeros que se han aprovechado de los beneficios del estado en detrimento de los mexicanos. Las empresas privadas que generan energía eólica y solar reciben del Gobierno Federal —vía subsidios— alrededor de 160 mil millones de pesos anuales, además la energía que producen tiene prioridad en su distribución y venta sobre la que genera la gubernamental, por lo cual se afecta la economía y el buen desarrollo del País afectando a las clases más desprotegidas.

Las empresas más importantes que se aprovecharon de los subsidios son las españolas Iberdrola, Naturgy y Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que es filial de Renovalia Energy de España. Y las empresas que les compran la energía son Bimbo y Walmart, que presentaron sendos amparos en contra de la iniciativa del Presidente, además de Cemex, Grupo Modelo, Heineken, Soriana, Femsa, Nestlé y Volkswagen, entre otras.

De todo esto surge entonces una pregunta lógica: ¿por qué iban a aceptar estas empresas, cuya sed de lucro es insaciable, que les quitaran los beneficios que recibían por parte del Estado y tener que someterse a una elevada dosis de costosas regulaciones? Lo que no se entiende es en qué se benefician todas aquellas personas que sin tener nada que ver con esas grandes empresas defienden que sigan medrando especialmente cuando lo hacen con artimañas, aprovechándose de las circunstancias.

Era obvio que no aceptarían la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2013. Por eso, la presentación de un juicio de amparo de manera expedita en 24 horas después de su aprobación por la cámara de senadores y de diputados.

Los detractores de la 4T proclaman que el Presidente quiere terminar con las energías limpias y cancelar los contratos que se tienen con empresas privadas para la generación de energía eléctrica. Sin embargo, es necesario explicar que esta Iniciativa de ley prioriza el despacho de energía mediante energía renovable de propiedad pública, dejando en cuarto lugar la compra de megavatios a las centrales privadas de ciclo combinado (gas), que es el primer negocio de Iberdrola en México.

Con ese espíritu de desafío al que se ha enfrentado el Presidente, no cabe duda de que sea audaz y que se arriesga para regresar al País lo que le pertenece, como lo hizo Lázaro Cárdenas en su momento. Esto tiene más mérito por encontrarnos en un momento de incertidumbre global —por la pandemia.

Habrá quien diga que todo esto es sólo un disparate retórico, pero regresar al punto en que se beneficia a los mexicanos en lugar de a empresas nacionales y extranjeras, no lo es. Esto supone cambiar de paradigma al regresar a lo nacional y asumir la rectoría del sector energético por parte del Estado por ser una actividad estratégica y, por lo tanto, el Presidente está obligado a su recuperación. Si no lo hiciera la historia se lo demandará.