Que una sentencia contra Duarte haya sido la secuela de una revelación periodística es extraordinario, porque toparse con un caso en que hay una consecuencia legal y política es casi como encontrar una criatura mitológica

Don Antonio Irazoqui, muchos años director general de El Siglo de Torreón, solía decirme una frase cada vez que le mostraba alguna nota sobre un acto de corrupción o negligencia en alguna dependencia de gobierno, que revelaría al día siguiente el periódico, o cuando platicábamos sobre un escándalo mostrado en la prensa nacional, en los años en que era editor del diario.
“Así es este País, pasa to-do y no pasa nada”, decía, inapelable.

Pero la frase no servía nada más para encapsular la decepción de un periodista ante el escaso impacto de su trabajo al revelar un abuso de poder o el abandono de la función pública, sino también para resaltar que el trabajo periodístico podía ser lento y tedioso, como el agua que erosiona la piedra, pero que debíamos seguir haciéndolo para que la verdad fuera reivindicada.

Porque si bien es cierto que en México la constante es que no pase nada, cierto es que sólo hasta que pasa algo, entonces, el trabajo periodístico recibe su justo reconocimiento. Esto vale desde el pequeño periódico local que revela deficiencias en una calle que se pavimentó con material defectuoso, hasta el reportaje masivo que exhibe las corruptelas de un gobernador o un presidente.

Y es cierto, ahora que la sentencia, así sea de unos cuantos años de cárcel, contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa, reivindica el trabajo del portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que dio a conocer la red de empresas fantasma que en el gobierno de Duarte desvió y desapareció millones de pesos de dinero público. 

No es frecuente en México que a la revelación periodística de un acto de corrupción siga una investigación y persecución del caso por parte de una autoridad federal o estatal. De hecho, a veces parece que la regla es la contraria, que no pase nada. Pero esto no se debe a la ausencia de investigaciones en medios de comunicación, pues éstas ocurren de manera regular, sino a la ausencia de estado de derecho. En este sentido, la “Gran Estafa” de Duarte se distingue de otras investigaciones recientes como “La Estafa Maestra” o la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que las dos últimas no tuvieron consecuencias en la arena legal, sólo en la de opinión pública.

Que una sentencia contra Duarte haya sido la secuela de una revelación periodística es extraordinario por lo mismo, porque toparse con un caso en que hay una consecuencia legal y política es casi como encontrar una criatura mitológica. Es el unicornio del periodismo mexicano.

Los casos que empatan consecuencia legal y política son tan espaciados en el tiempo que es difícil recordar cuándo sucedió el último. Quizá el más reciente donde al impacto periodístico siguió un proceso legal fue hace casi dos décadas, cuando en 2000 el diario Reforma reveló que el Registro Nacional de Vehículos fue otorgado a una empresa dirigida por un torturador de la guerra sucia argentina, Ricardo Miguel Cavallo. El reportaje provocó la detención de Cavallo cuando intentaba abandonar México, y su posterior extradición a España y luego a Argentina.

Durante años, la prensa mexicana ha exhibido casos de corrupción, incluso cuando el impacto legal es nulo. Hay veces también en que la consecuencia legal llega más por la necesidad política del gobernante en turno y para emprender la persecución contra un personaje acusado de corrupción se basa en revelaciones periodísticas. Así ha sucedido con alcaldes, gobernadores u otros altos funcionarios.

Esto pasaba incluso durante la época del autoritarismo priista. A principios de la década de los 80, la revista Proceso publicó varios reportajes sobre corrupción y abusos de la policía de la Ciudad de México al mando de Arturo Durazo Moreno, culminando con la revelación del “Partenón de Zihuatanejo”, la mansión que el jefe policiaco construyó en Zihuatanejo. Pero la consecuencia legal nunca llegó en el sexenio de José López Portillo, amigo y protector de Durazo, sino hasta el de Miguel de la Madrid, que tenía la necesidad política de combatir la corrupción del anterior gobierno.

La debilidad del estado de derecho no es sólo frente a las revelaciones periodísticas. Cuando pasa todo y no pasa nada es cuando el narcotraficante más famoso del mundo puede fugarse de la cárcel sin que ningún funcionario de alto nivel pague la negligencia. Es cuando gobernadores pueden endeudar a sus estados y luego no dar cuentas del dinero sin que se les investigue o persiga, o cuando en tribunales de otros países, como Estados Unidos, se exhibe la complicidad de funcionarios con criminales y en México archivan sus casos.

Por eso ver el impacto legal de una investigación periodística sorprende, y aunque el impacto pueda ser risible para el acusado, en este caso una sentencia contra Duarte que puede ser tan corta como de 3 años, lo que se tiene es una sentencia firme, no un funcionario encarcelado pero que tiene a su disposición argucias legales que le den la libertad pronto.
Esto que en México parece extraordinario ocurre con frecuencia en otros países, desde el caso “Watergate” en Estados Unidos hasta el “Lava Jato” en Brasil. Pero la diferencia con México no es la ausencia de una prensa curiosa y tenaz sino la ausencia del estado de derecho.

La referencia clásica de “Watergate”, cuando el diario The Washington Post escarbó las trapacerías de la Casa Blanca de Richard Nixon para espiar y desacreditar a sus rivales, que llevó a la única renuncia de un presidente en ese país, vale no sólo por el trabajo periodístico sino porque mostró para qué sirve el periodismo en un país de leyes.

Dos leyendas del “Watergate”, la dueña del Post, Katharine Graham, y su editor en jefe Ben Bradlee, solían decir que no había sido el diario el que hizo que Nixon renunciara o el que llevó a la cárcel a sus más cercanos colaboradores, sino el sistema legal, estimulado por las revelaciones. “A veces se dice que nosotros tumbamos un presidente, cosa que por supuesto no hicimos”, dijo Graham en una ocasión. “Los procesos que causaron la renuncia de Nixon fueron constitucionales”.

No era falsa modestia. Fue que la cobertura detonó la investigación de una fiscalía independiente y luego de un comité del Congreso y después la intervención de la Suprema Corte, que dejaron a Nixon sin salida.

Hay que recordar que un medio de comunicación no mete a nadie a la cárcel. Sus revelaciones deben caer en el terreno fértil de un estado de derecho para que tengan consecuencias más allá de lo político y la opinión pública. Si no hay ese terreno fértil, es cuando lamentamos que pasa todo y no pasa nada. Pero la forma de revertir eso es con más periodismo para que finalmente llegue el día en que pase todo y algo pase.

JAVIER GARZA RAMOS