En días pasados, el ejecutivo estatal envió al Congreso tanto la iniciativa de Ley de Ingresos como el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2020. Ambos documentos están en análisis para dictamen por parte de las respectivas comisiones legislativas, bajo la coordinación de la diputada María Eugenia Cázares y el diputado Emilio de Hoyos Montemayor, en ese orden. En los próximos días, desde luego a más tardar el 31 de diciembre, el Pleno de la Legislatura se ocupará de desahogar ambos asuntos.

Desde hace años, el proceso legislativo y el manejo administrativo del presupuesto estatal de egresos han sido objeto en Coahuila de una especie de truco, más evidente desde que la deuda pública alcanzó niveles estratosféricos. A veces no resulta fácil explicar en qué consiste. Espero lograrlo en esta ocasión.

Por lo que hace al proceso legislativo, obviamente primero se tiene que aprobar la Ley de Ingresos porque marcará el nivel de lo que éstos, los ingresos, se estima habrán de tener. A continuación se discutirá y aprobará, en su caso, el presupuesto de egresos para el año siguiente.

Es como una especie de fórmula consagrada decir que algo se aprobará “en su caso”, a sabiendas de que (casi) invariable o necesariamente así habrá de ocurrir. Es probable que esta vez no suceda así con el presupuesto estatal de egresos correspondiente a 2020.

¿Por qué? En razón de que la aprobación del Presupuesto exige en Coahuila (de acuerdo al artículo 62 Bis de la Constitución local) mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes al momento de votarse. En el supuesto de que todos estuvieran en la sesión, se necesitarían 17 votos. Los priistas y sus tradicionales aliados (del PRD y Morena) suman 13. Entonces un escenario previsible, si se insiste en mantener el truco del presupuesto, es que éste para el 2020 no sea aprobado por el Congreso y opere la llamada reconducción.

La experiencia de los últimos años indica que el gobierno presenta un proyecto de presupuesto de egresos con cifras muy conservadoras o subestimadas, debajo de lo que razonablemente se espera que sean los ingresos reales durante el año.

De esa manera en el curso del ejercicio, conforme los ingresos van resultando superiores a los previstos, se aumentan los montos asignados a rubros polémicos (los clásicos: asesores, servicios profesionales y técnicos, comunicación y difusión y otros similares), pero sin cumplirse el requisito constitucional y legal de que en estos casos la modificación al presupuesto ha de someterse a la aprobación del Congreso y en el caso de no requerirse esta autorización, es bajo la condición de que al menos la mitad de los ingresos excedentes sobre los pronosticados se destine al pago de deuda pública, lo cual desde luego no se cumple.

Vea el lector las incongruencias: el presupuesto de egresos que el Gobierno propuso para 2019, en su proyecto enviado a finales del año pasado al Congreso, lo hizo ascender a 50 mil 378 millones de pesos. Sin embargo, en su proyección al pasado mes de septiembre, de acuerdo a los ingresos esperados, andaría ya en este año en el orden de 52 mil 590 millones de pesos, es decir, una cifra superior a la original en más de 2 mil 200 millones de pesos. Al menos la mitad de esta cantidad debió abonarse a la deuda pública, como debería exigirlo el Congreso si el gobierno cumpliera con la ley, por eso no somete el asunto a los diputados, pues como dijo —ante la Comisión de Hacienda del Congreso— uno de los subsecretarios de Finanzas, por lo que hace a la deuda pública, ellos nomás están ahí “para patear el bote”.

Cabe decir que los ingresos excedentes que sobre los previstos tenía proyectados hasta el pasado mes de septiembre el Gobierno de Coahuila, casi 3 mil millones de pesos (2 mil 942 millones) fueron por concepto de participaciones federales, superiores a las originalmente estimadas, y sólo marginalmente por ingresos propios del estado.

Pues bien, aunque el presupuesto original para 2019 ascendió, como ya se dijo, a 50 mil 378 millones de pesos y se proyecta que termine el año siendo de 52 mil 590 millones, el que ahora oficialmente propone el Gobierno para 2020 es de 49 mil 746 millones. En otras palabras, para el año próximo inferior al inicialmente estimado para 2019 y al que la realidad va configurando para este mismo año que corre. Por donde se le quiera ver, no es posible.

Seguramente continuaremos con este tema la próxima semana.