Con base en las observaciones recién presentadas por la Auditoría Superior de la Federación el 17 de febrero a la Cámara de Diputados podemos afirmarlo sin tapujos: el tercer año de Gobierno de Rubén Moreira fue particularmente desaseado en las finanzas.

Me refiero a la Cuenta Pública de 2014, cuya revisión acaba de ser entregada con dos mil 034 millones 900 mil pesos en irregularidades detectadas a lo largo del año fiscal. 

De tal forma Coahuila se ubica en la novena posición de 32 en el País en ese renglón. 

No es un desastre administrativo como Veracruz, pero está muy lejos de gestiones ejemplares como Yucatán o Querétaro. 

Del Norte de la República, para contextualizar, somos la entidad con mayores desvíos identificados, por encima de todos nuestros vecinos: Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luís Potosí.
El tema es importante por una razón: ahí se transparentan las malas prácticas de Gobierno del Estado. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Me explico.

De 59 “observaciones de impacto económico” pendientes de aclarar, justificar y comprobar que integran el pliego de Coahuila, hay algunas donde se trasluce corrupción. 

Por ejemplo “un probable daño o perjuicio” por un monto de 98 millones 980 mil pesos, al haber realizado “pagos indebidos a trabajadores comisionados al SNTE y otras secciones sindicales” con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Dentro del mismo estudio existe la presunción de que Gobierno del Estado evade impuestos pues no consta que la Secretaría de Finanzas haya pagado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 89 millones 127 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante las quincenas 21 a la 25 del ejercicio fiscal 2014.
Y la danza de los millones no ejercidos y no comprobados es interminable. Del programa “Escuelas de Tiempo Completo” hay 145 millones 344 mil pesos no devengados ni reintegrados al 31 de diciembre de 2014. O 18 millones 679 mil pesos no ejercidos al 30 de junio de 2015 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. O 16 millones 208 mil pesos que andan perdidos del “Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud”, al 30 de abril de 2015.

La Auditoría Superior de la Federación también presume “un probable daño o perjuicio, o ambos” de 256 millones 496 mil pesos “por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos reintegrados a la cuenta bancaria específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en los objetivos del fondo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”. Y cuestiona otros aspectos aparentemente más simples, como la construcción de un colector pluvial dentro del estacionamiento de la empresa MABE, en Saltillo, y por qué Gobierno del Estado no presentó la documentación probatoria del gasto, sobre todo porque la compañía fue “beneficiaria de los trabajos realizados” por 8 millones 100 mil pesos.

Cortita y al pie

En resumen, hay tres áreas especialmente irregulares a juzgar por la Auditoría: Finanzas, de Ismael Ramos; Educación, de Jesús Ochoa; e Infraestructura, de María Esther Monsiváis.
Irónicamente en ellas radica la fuerza del Gabinete.

La última y nos vamos

La fiscalización, cabe señalar, se genera con una metodología sólida. Y aunque por razones de espacio destaqué sólo algunas “observaciones de impacto económico”, la Auditoría derriba el argumento sotto voce en que se justifica Gobierno del Estado: en Coahuila no tenemos mucho dinero ‘gracias’ a la Deuda Pública, pero el poco que nos queda se invierte bien.

Lo primero es evidente. Lo segundo, ahora lo sabemos, es falso.

carlos_plata01@hotmail.com