00:00 horas del día 1 de abril de 2019. El telepeaje en 4 mil de los 10 mil kilómetros de autopistas del País tendrá un nuevo proveedor. El consorcio formado por Víapass y Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas será el encargado del cobro con esa tecnología… si es que se lo permiten. 

Dieciocho días antes del cambio de gobierno, en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto, ambas firmas fueron declaradas ganadoras de la licitación de más de mil 300 millones de pesos para encargarse de la red de caminos del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin. Le quitaron el caramelo a Tedisa (Teleinformática Dinámica S.A. de C.V), empresa que obtuvo el manejo desde el año 2014. Hubo denuncias de irregularidades en el proceso.

La licitación para este nuevo contrato, que concluye en el año 2023, habría tenido el visto bueno de la actual administración. Según me informan fuentes involucradas en el proceso, el equipo de transición del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la operación para evitar que se repitieran las escenas de caos vial, como las de las vacaciones del verano de 2014, cuando se instaló la tecnología de interoperatividad que permite que todas las marcas de tags sean compatibles con todos los lectores de todas las casetas. 

A pesar de la previsión, parece que no evitarán el caos. Hasta la fecha de publicación de esta columna el nuevo consorcio no ha recibido de parte de Tedisa, el operador que está por salir, los códigos y las claves de acceso a la tecnología de algunas plazas de cobro de la red de Fonadin. Fuentes me aseguran que estarían pendientes aproximadamente 40 de un total 100 que forman la red. 

La presión para que Tedisa entregue la información antes del día 1 de abril y el problema no se extienda hasta Semana Santa (con el consabido caos vehicular que acarrearía) ha llegado de parte del Banco Nacional de Obras (Banobras), que lanzó la licitación. Pero por otro lado, Caminos y Puentes Federales (Capufe) parece querer extender una especie de manto protector sobre Tedisa. 

Hay versiones que señalan que en el nuevo gobierno se arrepintieron de dar su aval y consideran que pudo haberse ahorrado mucho dinero en esa licitación (ahorrarse dinero en una licitación no era el fuerte del gobierno de Peña Nieto). Como dar marcha atrás implicaría un duelo de demandas, la misma versión señala que podrían estar apostando a seguir el mismo modelo que con el huachicol: crear una caos en las carreteras, obtener atención mediática, exponer las condiciones del contrato como injustas, neoliberales y corruptas, y tener apoyo ciudadano para revertir la licitación o mejorar las condiciones.

Hasta ahora, todo está en el terreno de las probabilidades.

SACIAMORBOS
El sindicato de Capufe suena poco, pero pesa mucho. Desde hace tiempo está inconforme con la privatización de carreteras que los saca de la jugada. 

@CarlosLoret