El mes de febrero tradicionalmente ha sido significativo para la Auditoría Superior de la Federación, puesto que enteramos a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados respecto al resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública. En nuestros informes se consignan las observaciones y acciones derivadas de la revisión de un conjunto sustancial de entidades públicas, programas y políticas gubernamentales.

Asimismo, contamos con la oportunidad de dirigirnos, de una manera más directa, a un amplio auditorio —integrado por legisladores, ciudadanos, instituciones académicas y de investigación, medios de comunicación y formadores de opinión— a través de la publicación del documento denominado Informe General, en el que ofrecemos un diagnóstico de la situación de la administración pública en el país a partir de un análisis de riesgos y áreas vulnerables en la gestión gubernamental, mismo que está disponible en nuestro sitio web.

Necesariamente, tras la ejecución de mil 643 auditorías, se genera un importante número de hallazgos; sin embargo, es preciso poner estas cifras de la fiscalización en un contexto adecuado, así como entender esta primera presentación como parte de un proceso que no se agota con su presentación ante los diputados y que prevé plazos legales para que las partes involucradas puedan manifestar lo que a su derecho convenga y solventar las observaciones correspondientes.

Para quienes conocen de manera más cercana el proceso de la auditoría gubernamental esto puede parecer claro, sin embargo, el ciudadano común que accede a esta información puede verse abrumado por un volumen enorme de datos, o tener la percepción de que existen severas deficiencias en todos los renglones de la vida pública y que éstas, en la mayoría de los casos, quedan impunes. Considero impreciso concebir el ejercicio fiscalizador como un mero generador de escándalos mediáticos vinculados con la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia, así como un instrumento para el ataque a rivales políticos; la auditoría persigue fines de mucho mayor impacto en términos de avanzar hacia una administración más eficiente y orientada a favor de satisfacer las necesidades de la población.

El objetivo de llevar a cabo este tipo de revisiones no busca condenar, a priori, a los ejecutores del gasto, ni basarse en el prejuicio de que, seguramente, se encontrarán irregularidades. Una auditoría busca establecer si existen brechas entre el mandato que se le da a una institución y los resultados obtenidos; se intenta definir si el ente cumplió a cabalidad con la normativa; si se alcanzaron los objetivos de determinado plan; si se generó correctamente la documentación probatoria; si los recursos presupuestales se aplicaron debidamente. No se presupone nada; son los datos los que hablan.

El deber del auditor es consignar, de manera clara y precisa, lo que se desprende de la revisión efectuada; no tiene por consigna encontrar irregularidades o errores. Asimismo, el auditor tiene como línea de base la defensa del interés del ciudadano; no puede hacer caso omiso de ninguna situación que comprometa el bien común.

Constantemente se habla de la necesidad de dotar a la Auditoría de capacidades judiciales para que sancione, de manera inmediata, cualquier desvío observado; esta concepción no toma en cuenta que no se puede ser fiscal y juez al mismo tiempo, so pena de caer en serios conflictos de interés o de actuar a impulsos de lo que determinados sectores de opinión sostienen. El pretendido “tribunal” de la opinión pública no puede constituirse como parámetro válido para juzgar si una auditoría cumplió o no su cometido en función de si resultó en la aplicación de sanciones “ejemplares”.

La fiscalización superior, para ser creíble, debe mantener una línea absolutamente clara respecto a su actuación y a los límites de ésta; representa un importante patrimonio para entender, de manera objetiva y basada en hechos, que está operando correctamente, o dónde existen problemas que sea preciso atender. Confiamos en el poder del ejercicio público y de las instituciones gubernamentales para tener una sociedad más justa y que ofrezca mejores oportunidades a través de revisar de manera crítica su actuación y señalar con claridad los obstáculos existentes.