La desconfianza en el discurso público es una de las constantes indeseables de nuestra vida comunitaria. Y hay razones para ello, pues la clase gobernante se ha esforzado largamente en alimentar la suspicacia de la población.

En sentido estricto, la suspicacia o la vocación por contrastar puntos de vista no es un problema, porque eso es justamente lo que nos impulsa a mejorar y perfeccionar la forma en la cual hacemos las cosas. La premisa aplica, desde luego, para cualquier aspecto de la realidad.

Pero cuando el cuestionamiento se vuelve una fórmula sistemática se transforma en un obstáculo formidable porque dificulta que alcancemos acuerdos y cuando estos tienen que ver con aspectos sensibles de la vida pública constituye una dificultad enorme para avanzar.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al informe dado a conocer ayer por el Gobierno de Coahuila en el sentido de que el Distribuidor Vial ‘El Sarape’ no presenta ningún daño estructural y, por tanto, es seguro para quienes circulamos por él.

Difundir el reporte es importante porque, al menos en teoría, conjura las inquietudes que en las últimas horas se multiplicaron a partir de la difusión, en redes sociales, de imágenes en las cuales se aprecian grietas en los pilares que sostienen la obra vial.

Tal hecho fue una de las reacciones que provocó, es importante decirlo, el desplome de un convoy del Sistema Metro, de la Ciudad de México, en su línea 12, una obra que ha estado envuelta en la polémica desde que se inauguró hace casi nueve años.

No hay razones para desconfiar de lo que han informado las autoridades estatales, porque es de suponerse que las declaraciones realizadas están basadas en la opinión de especialistas y no constituyen solamente una estrategia comunicacional para salir al paso de las inquietudes.

Sin embargo, el solo hecho de que una tragedia ocurrida en la capital de la República haya provocado tal reacción a nivel local debe conducirnos a reflexionar respecto del fondo del fenómeno: el clima de desconfianza extrema en el que se desarrolla la relación entre ciudadanía y sector público.

El episodio constituye una lección que debiera aquilatarse respecto de la necesidad de construir mecanismos que fortalezcan la confianza en nuestras autoridades y nos lleven rápidamente a zanjar controversias que, vistas con detenimiento, son realmente artificiales.

El fondo del problema es claro y no se requiere mucha argumentación para retratarlo: la desconfianza ciudadana es producto directo de un esquema de rendición de cuentas cuya fortaleza es mínima y por ello incita a que los servidores públicos mientan con frecuencia.

Contener y revertir esta tendencia representa un desafío que deberíamos asumir sin dilación porque no contribuye a la consolidación de un esquema auténticamente democrático. En esta tarea, quienes pueblan la clase política tienen una responsabilidad particular: renunciar al vicio de lucrar con las tragedias que su propia conducta provoca.