Cada año las arcas de nuestro País pierden 20 mil millones de pesos por robo de combustible, que equivale aproximadamente al presupuesto conjunto de las universidades autónomas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chihuahua. En palabras simples, la tolerancia o la incapacidad en el combate de la ordeña de combustible se traduce en una perdida millonaria de recursos que como País dejamos de aplicar a áreas prioritarias como la salud, la educación o el combate a la pobreza.

También se debe considerar que el robo de combustible trae consigo otros efectos secundarios nocivos, además de la pérdida de recursos, como lo son el incremento en la violencia en muchas regiones del País, como la parte central de Veracruz, el triángulo rojo en Puebla, el norte del Estado de México, el norte de Sinaloa y la parte central de Guanajuato. Regiones en donde la ordeña se ha convertido en algo tan común, que se volvió un imán para las organizaciones criminales que ahora luchan por el control de dicho mercado. 

De igual forma, el robo de combustible genera muchas ganancias para las organizaciones criminales, por lo que dicha actividad ayuda al fortalecimiento de las mismas y les provee recursos que después son utilizados en la cooptación de autoridades, compra de armamento y en el incremento en el número de elementos de sus aparatos sicariales. En resumen, la ordeña alimenta el ciclo de violencia que vive nuestro País y empodera a las organizaciones criminales. 

Lo anterior sin contar los peligros potenciales para la población civil que vive en zonas aledañas, por ejemplo: la ordeña puede ocasionar grandes fugas de combustible, explosiones, contaminación al suelo y mantos acuíferos e intoxicaciones.

El cuadro anterior nos lleva a reconocer que como País tenemos un problema y que debemos redoblar esfuerzos para atenderlo, porque, además, se trata de una problemática que ha ido en crecimiento en los últimos años y que puede limitar la capacidad competitiva que tendrá Pemex con la apertura del sector energético a empresas de capital extranjero, que no enfrentan tantas mermas como la paraestatal.

Parte del combate a esta problemática pasa por la voluntad política de muchas autoridades que han sido omisas con su tarea, ya que, en varias entidades del País, hay asentamientos a la orilla de la carreta donde se vende combustible robado. Es decir, se trata de una actividad delictiva que se hace de manera pública y abierta y que, por tanto, ha sido socialmente tolerada.

En cambio, si se combate dicha actividad ganamos todos, como sociedad tendríamos más dinero para invertir en obra pública o para destinar al gasto social; de igual forma, Pemex podría realizar una serie de inversiones que la hicieran más eficiente; también ayudaríamos a frenar la violencia que se genera por el control de dichas zonas entre organizaciones criminales; y, lo más importante, cortaríamos una de las mayores fuentes de financiamiento del crimen organizado.

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