En días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Paquete Económico 2017. Dicho paquete incluye diversos documentos, de los cuales el que ha generado mayor atención es el relativo al presupuesto público. La propuesta presentada por el ejecutivo incluye una reducción del gasto público de 239 mil millones de pesos con respecto a lo aprobado el año previo. La justificación de dicho ajuste es la necesidad de generar un superávit primario (es decir, la brecha entre ingresos y egresos sin contar el pago de intereses de la deuda), para así poder comenzar a reducir el tamaño de la deuda del sector público, la cual ha alcanzado un monto cercano al 51% del PIB. Este monto, por cierto, ha crecido en casi 13 puntos porcentuales en los primeros cuatro años de la presente administración.

La propuesta de reducción del gasto ha dado lugar a dos posiciones principales en el debate público. Por un lado, hay quienes celebran la responsabilidad de las autoridades económicas y que reconocen el valor de enfrentar una situación difícil a través de un ajuste en el gasto público. Estos grupos consideran que esta medida va en la dirección correcta y que representa una buena señal para los mercados. Por el otro lado, están los que señalan la insuficiencia del ajuste y que demandan un recorte aún mayor en el gasto público. Estos últimos, abiertamente preocupados por el aumento de la deuda, insisten en señalar la ineficiencia e ineficacia del gasto público, así como al tema de la corrupción como un motivo para achicar aún más al Estado Mexicano.

Existe, sin embargo, una tercera visión en relación al tema del gasto público. Esta visión alerta sobre los riesgos de la austeridad económica. Esto se debe a que la reducción en el gasto público inevitablemente traerá consigo un menor crecimiento de la economía (el cual probablemente será menor al 2% en 2017). De hecho, una parte del aumento en el saldo de la deuda como porcentaje del PIB de los últimos años es atribuible al bajo crecimiento que hemos tenido en ese periodo. Este hecho produce que el denominador de dicho indicador no crezca lo suficientemente rápido y, por ende, da lugar a que el cociente se incremente más rápidamente. Esto último tiene una implicación importante: la solución al problema del crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB no necesariamente es gastar menos, sino gastar mejor.

Así es, el nivel del gasto público en México no es extraordinariamente alto. De hecho, es uno de los más bajos cuando se compara con países similares. El problema es en realidad doble. Por un lado, está el hecho absurdo de que este gobierno se comprometió a no aumentar los impuestos en lo que resta de la administración, lo que ciertamente impide financiar un mayor nivel de gasto público. Por el otro, está el problema real e insoslayable de la ineficiencia del gasto público. Esto último se debe, entre otras cosas, a un muy bajo nivel de inversión pública en general, así como a un muy bajo nivel de recursos destinados a proyectos de alto impacto económico y social, en lo particular. Sobre lo primero, baste señalar que este año será el de menor inversión pública en los últimos 60 años (2.8% del PIB). Sobre lo segundo, hay que señalar que esto se debe a una mala identificación de los proyectos relevantes y a una mala ejecución del gasto, así como sin duda a temas asociados a la corrupción e ineficiencia de esta administración. Todos estos elementos, sin embargo, son susceptibles de ser corregidos y modificados. En ese sentido, será tarea del legislativo asignar más recursos a la inversión pública y, en especial, a los proyectos de mayor impacto económico y social. Por otro lado, debería ser responsabilidad del ejecutivo tener una buena cartera de proyectos de inversión, hacer un mejor uso de los escasos recursos disponibles y asegurar una buena ejecución de los proyectos seleccionados.

Entrar en el sendero de la austeridad puede parecer una buena idea ante un gobierno que gasta de manera ineficaz e ineficiente. Puede ser también, sin embargo, el camino más rápido a una etapa de estancamiento y mediocridad económica. Por ello, en vez de exigir un menor gasto exijamos lo que es verdaderamente necesario: un mejor gasto. No nos confundamos.

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