En el marco del debatido Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es necesario realizar varias acciones complementarias; en especial, la emisión de los programas sectoriales que le den continuidad y aplicación. La Ley de Planeación dispone que las dependencias de la administración pública federal deberán convocar a la sociedad a participar en su elaboración. Con posterioridad, realizarán un anteproyecto que contenga un diagnóstico de la correspondiente materia, los objetivos a alcanzar, las estrategias y las líneas de acción para lograrlos. Finalmente, tendrán que someter el programa a la aprobación del Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda. La misma Ley de Planeación dispone que los programas serán obligatorios para la propia administración y base de distintas relaciones jurídicas con las entidades federativas y con los sectores social y privado. En la crisis de derechos que vivimos, el Programa en Materia de Derechos Humanos es clave.

La gran cantidad de derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales obliga a que las diversas dependencias deban satisfacerlos simultánea y coordinadamente. Pensemos en todas las autoridades que deben intervenir tratándose de la salud, la educación o el medio ambiente sano. La acumulación de diversidades materiales y orgánicas en la estructura de la administración pública requiere de un notable esfuerzo de coordinación y ello, a su vez, del establecimiento de distintos elementos para lograrlos. Esta es la importancia del Programa.

Hace algunas semanas, la Secretaría de Gobernación convocó a un grupo de personas para integrar el Consejo Asesor del Programa. También, convocó a foros específicos para recoger preocupaciones y demandas en los temas de desaparición de personas; derechos de niñas, niños y adolescentes; desplazamiento forzado interno; trata de personas; igualdad y no discriminación; migración y protección internacional; derecho a la identidad; derechos económicos, sociales y culturales; memoria, justicia y reparación, y protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Desde luego, ese listado no cubre todas las posibilidades de cumplimiento ni de violación a los derechos humanos que acontecen en la actualidad; tampoco todas las modalidades en que deben ser desarrollados los mecanismos para satisfacerlos. Sí estamos, sin embargo, frente a un amplio catálogo que, en mucho, contempla las mayores preocupaciones de nuestro tiempo.

A los foros deben acudir personas y colectivos, así como activistas y defensores de derechos para exigir a plenitud el desarrollo de sus agendas. Todo ello debe quedar manifestado, alegado y razonado en el Programa. De ahí vendrá el trabajo de incorporación, ordenación, jerarquización y obligatoriedad para todo el país. Puede parecer excesivo señalar que parte del futuro nacional se juega en el modo de construcción e implementación de este Programa; empero, no lo es.

El legislador está desarrollando derechos conforme a demandas y compromisos políticos; los tribunales, resolviendo los litigios que se formulan por la violación a los derechos; los órganos de la administración, tratando de satisfacer lo que cada cual vaya exigiendo o la legislación imponiendo. En esa rapsodia de actos, se requiere de una síntesis capaz de agrupar diversidades y conformar acciones tan unitarias como sea posible. Esa es la función del Programa. Me temo que si esta acción falla, terminaremos metiéndonos de lleno en una crisis humanitaria. En un proceso en que, como lo dijo bien Hobbes, la vida puede ser para muchos solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Esto, una vez más, no es retórica, es una modalidad de crisis gubernamental y civil, denominada así por su gravedad, en la que las estructuras básicas pueden quedar rotas. Donde los modos conocidos y precarios de convivencia civil se quiebran, y donde solo con el pasar de los años y a fuerza de muchos dolores y sacrificios generacionales, se irá logrando organizar de algún modo la vida de quienes nos sobrevendrán.

@JRCossio