Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía sostiene que el 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida. Empero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%. A lo largo de la historia esto es algo que esa minoría sólo ha logrado entender cuando ya era demasiado tarde. Las consecuencias de la desigualdad son conocidas: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida. 

En el pasado, se creía que sólo con crecimiento económico se reducía la desigualdad al tener mayor cantidad de recursos en la economía. Pero el crecimiento, si no es incluyente, puede polarizar los ingresos. Los mercados por sí solos pueden ser eficientes, pero no necesariamente equitativos. La riqueza se acumula en pocas manos, pero sus creadores no promueven la competencia ni la prosperidad compartida. De ahí que las políticas de muchos gobiernos e instituciones sean propensas a generar esta tendencia, otorgar preeminencia a los más ricos frente al resto: los que menos tienen. La democracia y el imperio de la ley se ven a su vez debilitados por la cada vez mayor concentración de los ingresos. Ello nos confirma la necesidad en México de crear una economía más consistente, estable y sobre todo justa. He ahí, una enorme área de intervención para el Estado: Garantizar que el crecimiento sea compartido y que exista movilidad social. 

Cuanto más concentrada está la riqueza en pocas manos, menor es el crecimiento de un país. El aumento de la brecha social en un país frena el crecimiento económico, en línea con lo planteado por la OCDE, la desigualdad genera monopolios, merma expectativas y desincentiva la formación y la productividad. El FMI calcula que si el 20% de la población más favorecida aumenta un punto porcentual la cuota de ingresos que acumula, el aumento del PIB del país será 0.08% más bajo en los 5 años siguientes. En cambio, cuando el 20% de la población con menores ingresos aumenta un punto porcentual sus ingresos, el crecimiento será 0.38% mayor. 

El PIB crece, pero para que fortalezca un país es preciso distribuir el ingreso, de tal manera que a todos beneficie y a todos alcance. De no ser así, veremos cómo los salarios de las familias se mantienen constantes y su capacidad de compra no se incrementa. Sin consumo la economía no se activa, no “prende”. No permean los beneficios del crecimiento a la población con los ingresos más bajos. Cuando hay crisis, se prioriza el salvar a las instituciones, pero se deja de lado a los usuarios, a los ahorradores. No se renegocian las hipotecas, se merma el patrimonio de la base social y se generaliza la indigencia. Cuando las instituciones financieras consiguen beneficios, estos no se reparten entre los ciudadanos, pero cuando hay pérdidas estas sí se socializan. Cuestionarnos acerca de los beneficios que trae consigo el rescate de esas instituciones financieras, nos permite evaluar si eso resuelve el problema de fondo o deberían explorarse otras opciones que no afecten el patrimonio de la base social y que resuelva la situación de los que menos tiene. 

Merced a una de las Reformas Estructurales del Siglo XXI promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto, la Ley de Competencia Económica, se ha implementado un nuevo sistema de competencia en todos los niveles y todo el país. Esta Reforma contribuirá a distribuir el ingreso. En efecto, busca promover un mercado interno no solamente más competitivo, sino más robusto y emprendedor. Así, tendremos procesos económicos más dinámicos y eficientes, mejor tecnología, más infraestructura e insumos más baratos. 

El desafío de hoy es integrar la economía, la sociedad y la política, a una actitud responsable por parte de las empresas mexicanas para que aprovechen mejor sus recursos a fin de generar riqueza y ser más productivas. Lo anterior sólo puede darse en un marco de sana competencia, incentivando la movilidad empresarial, la participación activa de más agentes económicos, así como la inversión nacional y extranjera. Por eso la reforma del presidente Peña Nieto establece las bases para que todas las empresas, fundamentalmente, los pequeños emprendedores y medianos empresarios, puedan incursionar en los mercados. De esta manera podrán ofrecer soluciones innovadoras y precios más competitivos, creando más y mejores empleos que eleven el poder adquisitivo de todos los mexicanos.