Hace cinco años, en este mismo espacio, vaticiné un retroceso en nuestra precaria democracia. "A quienes dicen que es imposible una regresión autoritaria", escribí tras las elecciones de 2012, "yo les apuesto doble contra sencillo a que la habr[á]". Mi argumento era que, de confirmarse su triunfo, Enrique Peña Nieto se adueñaría del Partido Revolucionario Institucional y "podría recrear en un sexenio toda la historia de su instituto político: empezaría en el PNR (con una confederación de cacicazgos como la fundada en 1929), pasaría al PRM (concentrando el poder en la Presidencia como en 1938) y cerraría el ciclo en el PRI (la simbiosis gobierno-empresarios que se inició en 1946)", al tiempo que desandaría los pasos de nuestra transición democrática ("FCH, EPN y AMLO: elecciones y lecciones", 12/07/12). Me quedé corto. Le tomó menos tiempo someter al priísmo a su imperio y emular el autoritarismo mexicano vigesémico.
Si bien el presidencialismo actual no es —no puede ser— idéntico al anterior, basta ver hasta dónde se impone la voluntad del Ejecutivo para constatar la similitud. Su predominio sobre los otros dos poderes de la unión o sobre los otros dos órdenes de gobierno ya no se da sólo por la preponderancia de sus súbditos priístas sino también por su capacidad de cooptar dirigencias opositoras, y ahora también manipula entidades que no existían en nuestro antiguo sistema político. Cierto, la influencia indebida del presidente Peña Nieto en el Congreso, en la Corte y sobre gobernadores y alcaldes está limitada por una pluralidad que no enfrentaron sus predecesores del siglo pasado, pero su preeminencia se manifiesta hoy en resultados semejantes.

Veamos el caso de los órganos "autónomos", surgidos en México a finales del XX y principios del XXI. Grosso modo —dejo a los juristas su definición precisa— se trata de organismos que no pertenecen al Ejecutivo ni al Legislativo ni al Judicial. El Instituto Nacional Electoral es el más emblemático, y hay otras instituciones como el Tribunal Electoral que, sin encajar en esa suerte de cuarto poder, son un satisfecho objeto del deseo presidencial. El Congreso nombra o ratifica a sus integrantes en función de cuotas partidistas. No es casualidad que una vertiente del priísmo haya impulsado su proliferación: sabedora de que tras de la alternancia su fuerza residía en las Cámaras, obligó desde ahí a las desmañadas Presidencias panistas a negociar. Más aún, entre 2000 y 2012 aprovechó su mando sobre las bancadas del otrora partido hegemónico para poner consejeros y funcionarios afines en diversas instancias y de ese modo prolongar su injerencia personal en la cosa pública más allá de sus periodos parlamentarios.

Puesto que el PRI ha vuelto a ser la oficina electoral del gobierno, el presidente Peña ha asumido también el manejo de esas "autonomías" colegiadas mediante el mayoriteo de sus cuotas priístas. Aunque su margen de maniobra varía de una a otra, en todas tiene forma de impulsar su agenda. El PRI ha vuelto a ser correa de transmisión de la supremacía presidencial, pero ahora no sólo dentro de legislaturas y gubernaturas sino también dentro de estos nuevos actores políticos a menudo disfrazados de órganos técnicos. Puesto que casi todos ellos asumieron atribuciones que eran del Ejecutivo, lo que en la praxis se ha dado es la reedición del viejo presidencialismo, reconcentrando las facultades que en un efímero afán de redistribución democrática del poder se le quitaron al presidente.

La autocracia sexenal priísta ha vuelto literalmente por sus fueros. Además de recuperar de facto atribuciones de jure perdidas, ha recobrado el control mediático y su habilidad de manipular las elecciones —ya no lo hace tan burdamente como antes, vía la Secretaría de Gobernación o el Colegio Electoral, pero aún puede salirse con la suya, como demostró en el Estado de México— con validaciones externas. Y para mantener la subordinación al Ejecutivo Federal del Congreso de la Unión y de los gobiernos estatales que no están en manos de su partido tiene el recurso de la cartelización de los partidos.

El retorno del PRI a la Presidencia metió a la política mexicana en el túnel del tiempo. El autoritarismo que padecemos hoy es más sutil que el de ayer —y por ende más engañoso—, pero en sus efectos ambos muestran un parecido asombroso.