En días pasados el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en dos ocasiones que para las elecciones legislativas del 2021, se convertirá en guardián del proceso, dando a entender que vigilará la labor del INE, para que no se cometa fraude alguno.

En México la piedra angular de todo nuestro sistema jurídico reside en lo que se conoce como el principio de legalidad, que estipula que mientras los ciudadanos pueden llevar a cabo todo lo que la ley no les prohíba de forma expresa, las autoridades en cambio sólo pueden realizar los actos que la ley les asigna de forma expresa.

En esa lógica, no existe disposición legal alguna que permita que el Presidente vigile el desarrollo de ningún proceso electoral, menos que se convierta en guardián, así sea de manera informal, por lo contrario, hay disposiciones expresas que impiden que las autoridades se involucren de forma activa en procesos electorales, por tanto, la postura del Presidente contraviene el marco legal actual.

Además de ello, no resulta deseable ni aceptable que un mandatario, que pertenece a un partido en concreto y que por ende, tiene preferencias claras y es parcial, se pronuncie sobre la validez o no de un proceso electoral, sobre la presencia o ausencia de fraudes, ya que en nuestra legislación contamos con organismos encargados del desarrollo de las elecciones, tanto a nivel federal, como local y de igual forma, tribunales encargados de dirimir impugnaciones y violaciones a las normas electorales.

Dicho lo anterior de otra forma, si bien tanto los institutos electorales, como los tribunales pueden tener áreas de oportunidad para la mejora, lo cierto es que son estas instancias las facultadas para vigilar el proceso, no el Ejecutivo. Sin duda se pueden buscar fórmulas para mejorar a estos organismos, pero pretender suplantarlos es debilitar nuestro sistema democrático.

Si lo analizamos con calma, lo que propone el Presidente es volver a un modelo que fue superado en 1991, en donde el Ejecutivo favorecía al propio partido en el poder, el PRI, generando condiciones inequitativas de competencia.

Quienes se han expresado a favor de lo dicho por el Presidente los invito a cambiar el nombre de la persona que hace la declaración, para que se den cuenta de lo inconveniente de la propuesta, por ejemplo, en lugar de Andrés Manuel López Obrador, pongan el nombre de cualquier Gobernador, que ahora vigilará las elecciones en su estado, ¿verdad que ya no parece tan buena idea?, o piensen que lo dicho por AMLO fue declarado por Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, la verdad es que casi ningún militante de Morena hubiera aceptado la injerencia de ellos en los procesos, de tal manera que lo más sano es que el Presidente no intervenga de forma alguna, y esto no es opcional, la ley no se lo permite, punto.

El Presidente debe comprender que como mandatario tiene restricciones naturales a sus acciones y una frontera rígida es el ámbito electoral.

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