El polémico oleoducto Keystone XL, símbolo de la pugna ecologista y política en Estados Unidos en la última década, superó este lunes el último gran escollo para su construcción. Una comisión de Nebraska autorizó el proyecto energético, por valor de 8.000 millones de dólares, pero impuso una ruta alternativa a la propuesta por la empresa TransCanada, lo que la obliga a llegar a nuevos y farragosos acuerdos de expropiación de tierras.

El oleoducto, con una extensión de 1.700 kilómetros, transportaría 830.000 barriles de crudo al día y conectaría la región canadiense de Alberta con Nebraska. Cruzaría Dakota del Norte, epicentro del boom de la producción energética que vive EE UU en los últimos años gracias a la proliferación del fracking, la técnica de extracción de fracturación hidráulica del subsuelo. Desde Nebraska, la infraestructura se uniría a la red de oleoductos que llegan hasta las refinerías del Golfo de México.

La suerte del Keystone XL dio un giro de 180 grados con la llegada en enero del republicano Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente autorizó en marzo la construcción del oleoducto revirtiendo la decisión de su predecesor, el demócrata Barack Obama, que en 2015, tras seis años de deliberaciones, denegó el permiso bajo el argumento de que iba en contra de la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

Trump justificó su aprobación por los supuestos beneficios económicos del proyecto y en el objetivo de lograr la “independencia energética” del país. El presidente ha sacado a EE UU del Acuerdo de París contra el cambio climático y apoya el resurgir de la industria del carbón. Los defensores del Keystone XL -incluido el gobernador republicano de Nebraska, el Gobierno progresista de Canadá y grupos sindicales y empresariales- alegan que creará numerosos puestos de trabajo y que es una alternativa más segura al transporte de crudo por carretera y tren, que se ha disparado en los últimos años.

Los detractores del proyecto -grupos políticos de izquierdas, ambientalistas y organizaciones tribales de americanos nativos- advierten del impacto medioambiental de la construcción y de un posible accidente, y minimizan los beneficios económicos. La semana pasada un oleoducto gestionado por TransCanada, la empresa detrás del Keystone XL, vertió 794.000 litros de crudo en Dakota del Sur, situado al norte de Nebraska.

La decisión sobre la autorización del Keystone XL la tomó la Comisión de Servicio Público de Nebraska, una organización con cuatro miembros republicanos y un demócrata que regula las principales infraestructuras energéticas y de telecomunicación del Estado. La aprobación llegó tras un ajustado voto: tres a favor y dos en contra. La comisión impuso que el trazado del oleoducto esquive un área de protección ambiental. La empresa había esgrimido en el pasado que una ruta alternativa no sería ejecutable.

El fallo de la comisión se puede recurrir en tribunales de apelaciones. Y la autorización final no garantiza que decaiga el rechazo al oleoducto. Los grupos de oposición han amenazado con tratar de impedir las obras de construcción, como hizo el año pasado una tribu sioux en el caso de un oleoducto en Dakota del Norte. La presión de las protestas propició que el Gobierno de Obama desautorizara el pasado diciembre ese proyecto, Dakota Access, tras revelarse que no se habían consultado adecuadamente a los propietarios de tierras. Sin embargo, la Administración de Trump lo volvió a aprobar en sus primeras semanas en la Casa Blanca.