El poder es para ejercerse. Hacerlo tiene costos y beneficios. O eso dirían los clásicos, porque los contemporáneos, parece, prefieren quedarse sólo con los beneficios. Voy por partes.

El poder se ejerce a través de decisiones. Si bien existe la fórmula de que nadie está por encima de la ley, esas decisiones inciden en la manera en la que las reglas se dictan; ahí los beneficios. En sociedades (que se dicen) democráticas, una mala decisión afecta a quien la toma o al grupo que representa. Esto último es el costo.

Claro que hay quienes dicen que más que beneficios, eso de tener el poder es un privilegio… pero por hoy dejo todo eso a un lado. Pensemos en costos y beneficios.

Haciendo breve una larga historia, sirve decir que incluso en las sociedades (que se dicen) democráticas el ejercicio del poder se llevó a tal extremo que se llegó al costo más elevado, al saldo rojo: la incredulidad sistemática. La mitad del mundo no cree en sus Gobiernos ni en sus representantes. Y dicen los más pícaros que la otra mitad, la que dice sí creer, es porque trabaja para ellos. En fin.

Frente al asunto de la incredulidad, ¿qué han hecho los Gobiernos? Los últimos 40 años se han visto plagados de fórmulas que básicamente involucra a los “no-gobierno” en ciertas decisiones. Vía consejos, contralorías sociales, organismos autónomos, un largo etcétera: en el fondo se trata del mismo asunto.

Y aquí el meollo: ¿qué está sucediendo cuando se advierten decisiones que no convencen?

Un caso que conozco (por una investigación por publicarse) y que ilustra con bastante claridad la idea se presenta en Sonora y su transporte público. Allá, en 15 años, la decisión de la tarifa de cobro pasó del Legislativo al Ejecutivo y de éste a un “Consejo Técnico” integrado por personas no vinculadas (formalmente) con los dos anteriores. Los incrementos de tarifa, entonces, se argumentan desde la arena de “expertos” a quienes se les cargan los costos políticos… persistiendo el tema de fondo: las concesiones otorgadas por el Ejecutivo y la presión que ejercen los sindicatos.

Los ejemplos se multiplican y no sólo en el transporte. ¿Qué sucede cuando un proceso electoral se advierte parcial y viciado? ¿Qué sucede cuando la transparencia no parece funcionar? Véase lo que sucederá con los sistemas anticorrupciones locales. Véase lo que sucedió con el sistema nacional.

En esos sistemas locales, la parte medular (según el modelo) es un grupo de ciudadanos seleccionados por otro grupo de ciudadanos seleccionados para esa encomienda. ¿Se nota el traslado de la responsabilidad de la elección? ¿Se advierte hacia dónde van los costos políticos del proceso? En la experiencia nacional, una nota reciente (El Universal, 29 de junio 2017) señaló probables trampas en el diseño y la selección de los ciudadanos. 
¿Qué está sucediendo en lo local? En todos lados se cuecen habas.

Nos hemos esforzado tanto por llamarles autónomos a un manojo de organizaciones que no nos hemos detenido a analizar si realmente pueden serlo: ¿cómo llegan a esos puestos quienes toman importantes decisiones?, ¿qué sucede con el presupuesto asignado?, ¿qué opciones laborales tienen (que les permita mantener más o menos el tren de vida que se dan) quienes pasan por ahí?

Y mientras a sus integrantes se les quema con leña verde, se les califica de traidores a la patria y cosas peores, el poder sigue ejerciéndose con la misma agilidad y por los mismos. El lobo se puso doble piel de oveja.

@victorspena