Como ya es ampliamente conocido, mandatarios de diez entidades federativas anunciaron su decisión de sacar a sus estados de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aduciendo que esta agrupación ha perdido toda capacidad que tenía como órgano de interlocución entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal.

Desde luego, este aspecto tiene todo un trasfondo político que ya ha sido analizado en otros espacios y momentos. No obstante, la lógica de este movimiento en términos de las motivaciones e implicaciones económicas, me parece que no ha sido explorado ni con el detalle debido ni con la profundidad que amerita.

En primera instancia parece obligado remitirnos al grupo de entidades federativas que en las últimas semanas han alzado la voz para exigir reformas a la Ley de Coordinación Fiscal o bien, amagar su salida del pacto fiscal. Dichos estados son parte del grupo disidente que decidió abandonar la Conago.

Más allá de que les asista o no la razón en esa exigencia de una mayor justicia en el reparto de los recursos fiscales, causa mucha extrañeza que no se advierta de la gravedad que implicaría el rompimiento del pacto fiscal para las propias entidades federativas.

Pareciera que el tema del cobro de impuestos es algo sumamente sencillo y que asumir esas funciones de un día para otro sería asunto arreglado. Nada más equivocado que eso. Basta analizar cuantos años le llevó al SAT profesionalizar sus funciones, gracias al expertise adquirido por el tránsito natural a través de la curva de aprendizaje.

En este orden de ideas, es necesario dimensionar la magnitud de este movimiento resaltando el peso específico que poseen las diez entidades disidentes. Podemos señalar algunas cifras muy reveladoras:

Para el año 2018 (últimos datos disponibles a nivel estatal) la participación del PIB de estas diez entidades representó el 33.38% del PIB nacional

El valor de las exportaciones de estos diez estados sumó el 58.22% del total de envíos nacionales al exterior durante todo el año 2019. Cabe resaltar que solamente Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León suman el 46.92%.

En materia de empleo, de acuerdo con datos del IMSS a julio de este año, los diez estados concentran 7 millones 716 mil 646 empleos registrados ante el instituto de un total de 19 millones 495 mil 952 puestos de trabajo a nivel nacional, lo que representa el 39.58% del empleo formal total.

Vaya usted a saber en que terminará el desenlace de esta historia. Lo que es una realidad es que el peso económico que guardan estas entidades no es menor.

Si los gobernadores optaron por esta vía en lugar de romper con el pacto fiscal, entonces habrá sido una decisión inteligente, porque haberlo hecho habría sido una decisión suicida.