En el mercado en línea vender y comprar cada vez es más fácil. En la web puedes ofertar desde un botón hasta una casa, pero con teclear la palabra pack en uno de estos buscadores se despliega la categoría semioculta “adultos”, en la que 319 fotografías de mujeres desnudas simbolizan una ganancia sin nombre. En algunas ocasiones sus caras aniñadas sugieren ser menores de edad. En 29 de los 32 estados del país hay un vendedor dispuesto a enviar alguno de estos links que contienen imágenes e incluso videos.

EL UNIVERSAL, por tres días, rastreó este contenido en uno de los principales portales dedicados a la venta de artículos por internet y se sistematizaron 124 perfiles que ofertan estos “productos”. El problema de estas cuentas es que nacen y mueren a tal velocidad que es imposible monitorearlas a todas. Y en menos de 24 horas la compra puede ser inválida porque el “producto” está agotado.

Con un click, cualquiera puede declararse mayor de edad y acceder a este contenido en el que siempre ofrecen un “pilón”. La Ciudad y el Estado de México son los principales sitios en donde dicen residir estos vendedores.

Las víctimas del negocio son incalculables. ¿Estas mujeres saben que sus rostros y sus cuerpos son comercializados? No, ni siquiera las autoridades lo saben. Esa es una de las principales barreras para frenarlo. “El problema es que vender estas imágenes se está convirtiendo en una fuente de ingresos y la mayoría de las veces ellas lo desconocen, pero mientras haya demanda habrá oferta”, explica Diana Centeno, miembro de la organización en defensa de los derechos digitales R3D.

A esto se suma que los sitios en donde se alberga el contenido son legales y no hay una norma estricta que prohíba subir el material. “Muchas veces las empresas que rentan estos espacios creen que porque no lo publicitan directamente no son responsables, pero el código penal sí establece un tipo de responsabilidad”, asegura Yolanda Verduzco, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Personas y Órganos de la PGR.

Y justo por la facilidad que brindan estos portales es que comprar estos packs —conjunto de imágenes o videos de desnudos— es tan simple que únicamente se necesita elegir el título y dejarlo en el carrito de compra. Fotos o grabaciones de adolescentes, maestras, mujeres embarazadas, estudiantes o empleadas de tiendas de conveniencia son ofertadas desde un peso hasta los 2 mil, según los datos recabados por esta casa editorial.

Los métodos de pago son iguales a los de cualquier otra compra: tarjeta de crédito, débito o depósitos en efectivo. Pero la descripción del recibo no tiene referencia alguna a la realidad: “Gana dinero extra en tus tiempos libres” o “Póster digital para impresión plotter”, son algunas de las formas que se usan para encubrir esta práctica.

Minutos después el vendedor recibe la alerta del pago y a cambio envía por correo más de una docena de ligas con alrededor de 20 imágenes cada una. A esto añaden uno más que prometen actualizar constantemente. En dos horas la transacción está completa.

En el límite de la pornografía infantil

En Coatzacoalcos, Veracruz, un vendedor con ocho meses de antigüedad en el mercado en línea ofrece las fotos de una adolescente. Su rostro parece más el de una niña. El precio: un peso. En menos de un año este paquete se vendió 98 veces. Al recorrer el sitio se encuentran varios títulos que ofrecen imágenes de niñas y usan el código “CP” o “caldo de pollo”, palabra utilizada en diferentes países para hacer referencia a la pornografía infantil.

Los precios van desde un peso hasta los 100. Estas fotografías y videos podría ser considerados un delito si se comprueba que las que aparecen son menores de 18 años.

De 2012 a septiembre de 2018 se abrieron 647 carpetas de investigación por el delito de pornografía infantil en México, pero en el mismo lapso sólo se lograron 11 sentencias, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia. “Es un delito muy difícil y muy técnico de investigar. Por lo mismo es muy complejo de llevar ante los tribunales”, afirma Verduzco.

Las autoridades mexicanas han encontrado que algunas organizaciones usan los medios electrónicos para enganchar a menores de edad y después subir sus imágenes a la red y comercializarlas, explica la titular de la PGR. La funcionaria asegura que “México se ha caracterizado no tanto por producir, sino por consumir y compartir pornografía infantil”.

Sin consentimiento

El 25% de los perfiles que EL UNIVERSAL sistematizó tienen entre ocho meses y un año de antigüedad; en ese periodo realizaron casi mil ventas, al menos con estos nombres de usuarios. En varias de las descripciones hacen referencia a que son ex parejas de las mujeres que aparecen en las imágenes. Incluso ponen sus nombres completos, lugares de trabajo y hasta sus perfiles en redes sociales.

Este “negocio” es distinto a las páginas dedicadas a la pornografía, puesto que “están dirigidos a atacar a alguien en particular. No sólo tienen el componente de consumo, sino que es un ataque deliberado hacia la intimidad y la privacidad de las mujeres”, explica Lulú Barrera, miembro de Luchadoras Mx.

La difusión de material íntimo de mujeres mayores de edad sin su autorización es un delito en ocho estados, entre ellos, Jalisco, Chihuahua, Yucatán y el Estado de México. Pero existen grandes obstáculos para perseguir este tipo de agresiones virtuales, puesto que se consideran “menos graves”, dice Barrera.

En los mercados en línea opera la regla de que “todas las mercancías que estén prohibidos en el comercio físico lo están también en el electrónico”, explica Julio César Vega, director de la Asociación Mexicana de Internet, pero estos sitios evaden su responsabilidad al asegurar que no publicitan este material.

Con el incremento de estas “ventas”, organizaciones civiles están preocupadas por el mensaje de impunidad que se manda. “Si no hay consecuencias son mayores los incentivos para actuar de esa manera”, dice Centeno.