Como es sabido por todos, la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 ha provocado un colapso en la actividad económica a nivel mundial. Ningún país ha sido inmune a ello. A unos en mayor medida que a otros les ha impactado en términos de caída en el producto, pérdida de empleos y menor gasto de inversión, entre otros posibles daños.

Ciertamente existen economías cuyo impacto fue menor, sea porque se apegaron a las estrictas medidas de confinamiento impuestas por sus gobiernos en pleno inicio de la pandemia, o bien porque en su momento aplicaron acciones de estímulo fiscal para mitigar el impacto en la actividad económica.

Pero más allá del tamaño del golpe que sufrieron, a todas las naciones les pegó también en otra variable crucial en el sistema económico: la recaudación tributaria. Aquí el tema no tiene que ver con la corrupción, ni con la eficiencia en la gestión pública, ni con las buenas intenciones de los gobernantes.

El asunto es muy sencillo y de mucho sentido común. Ante un derrumbe en la actividad económica, es de esperarse una caída en los impuestos recaudados por el gobierno. Si las empresas no están vendiendo el mismo volumen de antes, sus utilidades se mermarán y su base gravable disminuye. Por el lado del consumo, un menor ingreso personal en un contexto de pérdida de empleos, invariablemente nos lleva a menores niveles de consumo y menos recaudación de impuestos indirectos como el IVA.

Pues bien, parece que este razonamiento económico que es de sentido común no encuentra aplicación práctica según las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con el último informe mensual de Finanzas Públicas y Deuda Pública, emitido el pasado 30 de diciembre, en el período enero-noviembre del 2020 los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento en términos reales del 0.1% comparado contra el mismo período del 2019.

Cuando nos referimos al total de ingresos que percibió el sector público, es decir incluyendo también los ingresos petroleros y de otras fuentes distintas, resulta que la caída en términos reales fue de 5.4%.

Si consideramos las estimaciones más optimistas, el 2020 lo habremos cerrado con una caída del PIB del 9%, no se ve de donde el Gobierno obtuvo esos recursos que dice haber recaudado.

Tal parece que nos encontramos en un juego perverso de manejo de cifras que más allá de mermar la ya deteriorada confianza de los agentes económicos en el país, pudiera desencadenar extrañamientos por parte de organismos financieros internacionales, tales como el FMI y Banco Mundial, al grado de no publicar datos económicos de nuestro país por considerarlos poco confiables.  Algo así como les sucedió en su momento a Argentina y Venezuela con sus cifras oficiales de inflación.