Tras el triunfo del candidato Donald Trump, la indignación y el descontento ciudadano inundaron las calles en diversas ciudades de Estados Unidos. Uno de los motivos: las declaraciones del Presidente electo de iniciar con las deportaciones de al menos tres millones de inmigrantes con antecedentes penales.

El gran número de personas que abandonaron sus países en busca de mejores condiciones de vida hoy reviven esa misma incertidumbre que les hizo dejar su tierra de origen, ya que corren peligro de perder todo su patrimonio, pero más importante que ello, perder a su familia.

Éste es el caso del mexicano Javier Flores, quien a causa del miedo de ser separado de su esposa y sus tres hijos, decidió refugiarse en el sótano de una iglesia en Filadelfia para librarse de ser deportado por ser un inmigrante ilegal en el estado de Pensilvania.

La historia nos recuerda también la lucha de Elvira Arellano, una mexicana activista de los derechos de los inmigrantes que en 2006 se vio obligada a refugiarse durante todo un año en la iglesia metodista Adalberto de Chicago. Esto tras negarse a ser deportada, pues sería separada de su hijo Saúl, quien tenía entonces 7 años y había nacido en territorio estadounidense.

Se ha visto que no sólo han sido las iglesias las que se han asumido como refugios. Al menos 39 ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Washington, Baltimore, Los Ángeles y Chicago tienen leyes que les ubican como Ciudades Santuario para la protección de inmigrantes. Mediante la instrumentación de esta política los gobiernos locales evitan proceder ante las autoridades migratorias en caso de su detención.

Las deportaciones han sido una constante en las políticas del gobierno estadounidense, de acuerdo con cifras de su Departamento de Seguridad Nacional, entre 2009 y 2015, se expulsó a 3.5 millones de inmigrantes, quienes en su gran mayoría ocupaban puestos de trabajo, generaban empleos y contribuían activamente a la economía y a la sociedad del país.

Por encima de cualquier lugar, México debería ser el mejor santuario para todos los mexicanos. Es cierto que la Cancillería ha anunciado la instrumentación de 11 medidas para la protección de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, la coyuntura exige diseñar una estrategia efectiva que involucre a otras secretarías de Estado como Hacienda, Gobernación, Economía, Educación y Desarrollo Social.

Es apremiante establecer directrices claras y canalizar los recursos necesarios para aglutinar todos los esfuerzos; desde aquéllos del Gobierno Federal, de la iniciativa privada, de la academia y de la sociedad civil. Con ello impulsaríamos la creación de empleos en beneficio de los mexicanos que podrían ser deportados y se desarrollará la economía nacional.

De igual manera, es preciso integrar las acciones de las autoridades estatales, especialmente las de los estados del norte, ya que pueden llegar a ser estos territorios, los que reciban a un mayor número migrantes en retorno. Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California ya han acordado una sesión plenaria en el próximo mes de enero, y ese será el momento en el que darán a conocer las acciones que instrumentarán ante las medidas antimigratorias impulsadas por Donald Trump.

Éstas son sólo algunas medidas en pro de una sólida estrategia para recibir a nuestros paisanos e integrarlos a la sociedad. Ante todo, debemos estar seguros que ellos pueden ser detonantes de desarrollo, incluso en las mismas comunidades que por sus carencias los expulsaron.

Hoy tenemos la oportunidad de incorporar sus capacidades y su talento a nuestras actividades productivas, y así convertir su retorno en una ventaja para impulsar la economía nacional.