Año record: 11 periodistas asesinados. 

Mientras se sofistica y propaga el acoso al periodismo independiente, las instituciones estatales se burocratizan y autolimitan.

La Embajada de Suecia organizó la semana pasada una reunión con una muestra representativa de periodistas amenazados de todo el país. Explicaron, ante diplomáticos y funcionarios federales, la precariedad de su existencia y la cortedad de las políticas gubernamentales de protección. 

En mi experiencia es más riesgoso opinar ahora que en el México de Gustavo Díaz Ordaz. Se multiplican, sofistican y diversifican las agresiones y el Estado crea instituciones con poca capacidad de respuesta; sin profundidad, profesionalismo y audacia. Tomo como ejemplo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo). 

Es indudable que el Mecanismo mejoró en actitud y eficiencia durante la gestión de Sara Irene Herrerías. Progresó, pero le falta. Su nueva titular, Patricia Colchero y el subsecretario Roberto Campa, tienen la oportunidad de erradicar la modorra burocrática y reconocer que tras las amenazas hay patrones en constante renovación. Es el caso con la difamación por Internet, las demandas por daño moral y la parcialidad de los jueces que analizo tomando el caso de Carmen Aristegui y el mío. 

En las redes sociales se difama, intimida y prepara el terreno para agresiones mayores. En octubre de 2015 critiqué al entonces gobernador Javier Duarte y es posible que él estuviera tras un texto virulento y difamatorio de Francisco Rodríguez quien me acusó de robarme “250 millones de pesos del presupuesto” del Archivo General de la Nación.

Encontré evidencia de una agresión bien estructurada; la presenté al Mecanismo que evadió el asunto. Reconoció la “animadversión” pero no detectó “una intención de causar algún tipo de daño a [mi] vida, libertad y/o integridad”. Fue una opinión carente de investigación. Tampoco lo han hecho con Carmen Aristegui, Denise Dresser y muchos más. Las redes, tan necesarias para la libertad de expresión, son instrumento de los enemigos de la libertad de expresión. 

Humberto Moreira me tiene demandado por 10 millones de pesos y Aristegui carga el fardo de cuatro litigios. Las demandas por daño moral están siendo empleadas por políticos o empresarios que buscan castigar, desgastar e inhibir la crítica. Se benefician de que, por consigna o convicción, un sector importante del Poder Judicial aborrece al periodismo independiente. El Mecanismo ignora el carácter sistémico del acoso que sí es reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. 

Es decir, hay formas de agresión ignoradas por el Mecanismo que carece de una visión integral de las amenazas. Está bien que atienda las particularidades de cada asunto, pero se olvida de los patrones que demuestran la existencia de una cultura arraigada de persecución al periodismo independiente. Tampoco ejercen a plenitud la facultad de coordinar otras instancias oficiales (CNDH, CSN y PGR). De hacerlo podrían combatir mejor la difamación, las demandas absurdas y la parcialidad de los jueces. El Estado receta analgésicos pudiendo diagnosticar el cancer y extirpar sus tumores. 

Es posible que Campa y Colchero reorienten el andar de un Mecanismo burocratizado y autolimitado. En tanto se deciden, en la embajada sueca sentimos el  apoyo de los diplomáticos acreditados en México. Lo complementa el aliento que recibimos día a día de quienes valoran nuestro trabajo y el respaldo constante de organismos como Artículo 19 y Propuesta Cívica. 

La libertad de expresión está amenazada. ¿Hasta cuándo se decidirán, el Mecanismo y el Estado, a proteger en serio la libertad de expresión?  

La Miscelánea
Estamos indefensos ante una banca ineficiente, voraz y abusiva. Banamex-Citibank tiene nueve meses persiguiendo a una pensionada con discapacidad. Le cobra sus errores y deficiencias porque sabe que la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) es otra dependencia de nombre largo, presupuesto generoso y efectividad magra. ¿Habrá en el Congreso quienes defiendan a la pensionada y a los usuarios del expolio?  go, presupuesto generoso y efectividad magra.

¿Habrá en el Congreso quienes defiendan a la pensionada y a los usuarios del expolio?  

Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer.