Sólo nos resta poco más de un mes y habremos de ser testigos de la culminación de un sexenio que a los ojos de la luz pública ha sido cuestionado desde diversos frentes. Cualquier juicio que se pretenda realizar deberá pasar por un análisis objetivo y realista de las cosas, pero sobre todo abordando por separado cada una de las esferas que comprende la administración pública.

En este espacio se atenderá la dimensión económica, esa misma que durante los primeros meses del sexenio generó mucha expectativa ante toda la masiva opinión periodística que difundió el famoso “mexican moment”.

El principal activo de la herencia que deja esta administración, es sin duda las reformas estructurales. Esa agenda reformista que se colocó en el centro del plan de gobierno, y que a través de una exitosa negociación con las principales fuerzas políticas del País, se logró sacar una histórica reforma energética.

Utilizamos el adjetivo histórico, por el hito que marcó su aprobación en términos de la carga ideológica que veníamos arrastrando en el tema.

Aunque un sector importante de la sociedad descalifique esta reforma —en parte por su sesgo ideológico y en parte por una absurda forma de evaluar el éxito de la reforma en un horizonte cortoplacista, utilizando como única métrica el precio de las gasolinas— será la historia la mejor juzgadora de estos cambios legales, si es que el siguiente Gobierno permite la continuidad de esta reforma.

En el ámbito de telecomunicaciones, por el contrario, los efectos se dejaron sentir de manera inmediata con una baja generalizada en los precios de servicios de telefonía e internet. La reforma financiera fue también otro deseo anhelado por el sector bancario del País, a fin de que les pudiera brindar las facilidades legales para hacer más efectiva la recuperación de su cartera. Veremos los resultados en términos de condiciones más accesibles al crédito en los siguientes meses.

Al final del día, el objetivo de esa ambiciosa agenda reformadora era dotar al País de atractivo para la inversión extranjera y posicionarlo en materia de competitividad. Sea por estos motivos o por el cambio de metodología utilizada por el Foro Económico Mundial, en su Reporte Global de Competitividad 2018, pero la actual administración puede presumir que deja al País en la posición 46 del ranking, después de haberlo recibido en el puesto 63.

Otro apartado que da cuenta de los logros lo constituyen una masa crítica de indicadores económicos, en los cuales se contó con un comportamiento más que destacado durante estos seis años de gobierno: exportaciones, empleo, consumo privado y recaudación tributaria.

Con todo y el entorno adverso conformado no solo por las amenazas del retiro de EU del TLCAN, sino de la atmósfera proteccionista a nivel mundial impulsada por Trump, los envíos al exterior de mercancías no pocas veces llegaron a registrar tasas de crecimiento anualizadas de doble dígito.

En el tema de empleo, sea cual sea la métrica que se quiera utilizar —ya sea la tasa de desempleo medida por el INEGI o el registro de empleos ante el IMSS—, el comportamiento de este indicador deja bastante bien parado a esta administración, con cifras dignas de presumir. Lo anterior más allá de que se haya cumplido antes de lo previsto la meta de creación de empleos trazada al iniciar el sexenio.

Cuando hablamos de consumo privado, tendremos que referirnos a ese indicador que mostraba en la mayoría de los meses una fuerte tendencia al alza, sea a través de las ventas de la ANTAD, o de los indicadores específicos del INEGI.

No menos importante fue el tema de recaudación tributaria. A través de un esquema de vigilancia y fiscalización más profunda por parte del SAT hacia los contribuyentes, los ingresos tributarios despuntaron sobre todo en la segunda mitad de la administración. Lo anterior a tal grado que la dependencia de las finanzas públicas respecto al petróleo bajó de un 31% en 2013 a alrededor del 20% en 2017.

Desde luego, no todo fue miel sobre hojuelas en materia económica. Y para saciar el hambre de los críticos voraces del actual gobierno, es preciso mencionar que también se contaron con desaciertos y omisiones que son dignas de recapitular. Pero ese será materia para la siguiente colaboración en un par de semanas.

*Economista y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila