Por Sandra Rodríguez Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó al Gobierno federal en materia de protección al medio ambiente. De acuerdo con el más reciente informe de la instancia revisora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) carece de medidas para mitigar y prevenir el avance en la contaminación de aire, suelo y agua en toda la República, además de estar incumpliendo las metas en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero.

El informe de las evaluaciones a la Semarnat arroja, por ejemplo, que hasta el 98 por ciento de las empresas generadoras de residuos peligrosos para el suelo carecen de permisos para el manejo de tales deshechos, o que un 91 por ciento del territorio contaminado por particulares sigue sin acciones de remediación.

También, que si bien existe un Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Aire (SINAICA) con estaciones para el monitoreo de gases, ninguna de éstas reporta emisiones superiores a las máximas establecidas en las normas, por lo que Semarnat “no dispuso de información suficiente” para evaluar las concentraciones de partículas suspendidas (PM10 y PM 2.5).

“En opinión de la ASF, la Semarnat no ha gobernado el problema público, ya que sus acciones de prevención, control, restauración y preservación, en coordinación con el Distrito Federal, los estados y municipios, no han logrado revertir la tendencia de la contaminación ambiental, así como las deficiencias de operación de los sistemas implementados por la Secretaría para registrar e integrar información clara, confiable, oportuna y suficiente para identificar los riesgos y formular criterios y políticas ambientales para prevenir la contaminación ambiental y la restauración de la calidad del aire, suelo y agua que permitan la adecuada toma de decisiones y la rendición de cuentas, lo que puede poner en riesgo la preservación de los recursos naturales y su sustentabilidad”, dice el dictamen.

La ASF detectó lo anterior, explica Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, después de analizar datos sobre autorizaciones de emisiones de contaminantes atmosféricos, los programas para mejorar la calidad del aire, las autorizaciones para la gestión integrada de residuos peligrosos y los mecanismos de colaboración entre la Semarnat y otros estados, así como el trabajo de control interno de la Secretaría, sus sistemas de evaluación y otras variables.

La conclusión de la ASF: “Las acciones de prevención, control de la contaminación y restauración del aire, suelo y agua no garantizan la preservación de la calidad de esos recursos a fin de propiciar la sustentabilidad ambiental para contribuir a respetar el derecho humano a un medio ambiente sano”.

MALA CALIDAD, DEL MANEJO DE RECURSOS

La problemática ambiental planteada en los antecedentes indican que 72.2 millones de personas (59 por ciento de la población) están expuestas a mala calidad del aire, que el número de lugares contaminados en el país aumentó en un 253.6 por ciento entre 2000 y 2013, al pasar de 166 lugares a 587, y que, hasta 2013, el costo de la degradación ambiental representó el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (16 billones de pesos).

“El deterioro de los recursos naturales del país se ha ocasionado, principalmente, por el incremento de las actividades industriales sin esquemas de sustentabilidad, lo que ha elevado los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera, superiores a los máximos permisibles, el incremento de la contaminación del agua, la concentración de residuos de alta peligrosidad y el manejo deficiente de los residuos sólidos urbanos”, plantea en el diagnóstico de la ASF.

En materia de mitigación del cambio climático, la ASF analizó los resultados de las metas establecidas en el Programa Especial del Cambio Climático 2014-2018 y su grado de avance hacia una “economía baja en carbono”, así como las acciones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC).

“De 63 acuerdos establecidos en las sesiones de la CICC, el Consejo del Cambio Climático y el Fondo Nacional, se cumplió el 27.0 por ciento (…) aunado a que no se ha concluido con la implementación de los sistemas de información en materia de mitigación al cambio climático (Sistema de Información sobre el Cambio Climático, Registro Nacional de Emisiones y Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad del Programa Especial de Cambio Climático), lo que no permite a la Semarnat y a la CICC disponer de información clara, confiable y suficiente del avance en el cumplimiento de las metas de mitigación, para una adecuada y oportuna toma de decisiones”, dice.

“Respecto del financiamiento (…) 17.3 por ciento (6 mil 041 mil 647 millones de pesos) lo ejercieron 13 ramos que no tienen asignadas acciones ni metas de mitigación y a una dependencia (SEDESOL) le fueron asignadas acciones y metas en el programa, pero no dispuso ni ejerció recursos presupuestarios mediante el Anexo 15 del Presupuesto de Egreso. Además, la reciente creación del Fondo Nacional de Cambio Climático (FCC) y la extemporánea disponibilidad de los 102,341.3 miles de pesos con los que fue constituido en 2014, limitó financiar proyectos estratégicos para la mitigación de Gases con Efecto Invernadero, ya que sólo se apoyó un proyecto mediante el ejercicio del 19.5 por ciento (20,000.0 miles de pesos) de los recursos disponibles”, agrega.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también presenta, en general, “deficiencias en la administración de los recursos hídricos” en un país cuyo 26 por ciento de las cuencas están contaminadas con sulfato, nitrato, fósforo, fluoruro, carbonato, sodio, potasio, calcio, magnesio, gases disueltos, radiación y metales tóxicos.

Todo esto, agrega la ASF, más al hecho de que la disponibilidad media per cápita del líquido ha disminuido en los últimos 60 años, de 18 mil 35 metros cúbicos por habitante por año en 1950, a sólo tres mil 982 en 2013.

“En opinión de la ASF, la administración de los recursos hídricos por parte de la CONAGUA no ha logrado alcanzar estándares de calidad para el manejo sustentable del vital líquido, debido a una incompleta implementación de la política pública para preservar los recursos hídricos con calidad, lo cual implica un riesgo para asegurar la disponibilidad del vital líquido con calidad y, por tanto, en cantidad para los 122.3 millones de personas que habitan el país, así como para las generaciones futuras, toda vez que la preservación del vital líquido es un asunto de seguridad nacional”, concluye la revisión.