Conforme al calendario electoral, sólo dos estados de la República tendrían elecciones en 2020. Ambas a celebrarse el 7 de junio, que ya pasó. En Coahuila para renovar el Congreso local y en Hidalgo para ayuntamientos. La emergencia sanitaria decretada a finales del pasado mes de marzo, con su agresiva ola de contagios y decesos, provocó que el consejo general del INE resolviera, al ejercer el derecho de atracción que la Constitución le atribuye, suspender el proceso electoral en ambos estados. Esto ocurrió el 1 de abril.

En la resolución que en esa fecha dictó el INE, en la parte considerativa de la misma, expuso que en el contexto de la pandemia y de acuerdo a la información de las autoridades sanitarias que “resulta evidente la imposibilidad de continuar con normalidad el desarrollo de las actividades de preparación de la elección” (página 32). Para esa fecha, 1 de abril, el número confirmado de infectados en todo el País era de mil 215 y 29 defunciones, y en Coahuila 78 y 1, respectivamente.

En su Resolución el INE dejó establecido, como mandato, que “el consejero presidente (Lorenzo Córdova) deberá establecer vínculos de comunicación permanente con las autoridades sanitarias, a fin de contar con los elementos necesarios… sobre las condiciones de salud en el País” (punto segundo), para que “una vez que concluya la emergencia sanitaria… (y) se puedan llevar a cabo los procesos electorales… (el INE) fijará la nueva fecha para la celebración de la jornada electoral” (punto tercero de la Resolución). Esto fue, repito, el 1 de abril.

Casi cuatro meses después, el 30 de julio, cuando la pandemia estaba –y sigue– a todo lo que da, el consejo general del INE se vuelve a reunir y decide que los procesos electorales en ambos estados se reanuden y las elecciones se celebren el próximo 18 de octubre.

Resulta significativo que a lo largo de las 31 cuartillas en que se contiene la nueva resolución del INE, absolutamente en ningún pasaje del extenso documento se da cuenta acerca de los “vínculos de comunicación permanente con las autoridades sanitarias” que se obligó a mantener Lorenzo Córdova. Es decir, qué aspectos específicos de la situación epidemiológica de Hidalgo y de Coahuila consultó y qué respuestas le dieron las autoridades sanitarias, cómo fueron viendo la evolución del problema en ambas entidades, en fin, cuántas veces requirió la información pertinente y qué opiniones y recomendaciones recibió el presidente del INE. Nada, absolutamente nada se dice al respecto, por lo que resulta válido suponer que en realidad no existió la anunciada “comunicación permanente” en torno a la emergencia sanitaria.

Aunque sí se ha de reconocer que en dos distintos pasajes el documento da cuenta de que el INE delineó “una serie de medidas sanitarias para la continuidad de (las) operaciones” relativas al proceso electoral (página 8), y que además “diversas áreas (del INE)… han elaborado un esquema para la programación y ejecución de actividades que permitan la celebración de las elecciones en este año (2020), considerando su realización de manera gradual y paulatina, tanto de manera presencial como remota, en las áreas que así lo permitan…” (página 15).

Y que esas medidas y esquemas de protección sanitaria (por cierto, todas referidas al personal electoral y nada por cuanto hace a los ciudadanos, en particular de quienes intervendrán el día de la jornada electoral, o por lo menos nada se menciona expresamente), dice que se comunicaron a la Secretaría de Salud “con el propósito de recibir comentarios, opiniones y sugerencias” el día 29 de julio, es decir, ¡apenas el día anterior al que el INE resolvió reanudar el proceso electoral! ¡Increíble!

Pero lo más grave quizá (y por ahí debimos haber empezado, diría el ranchero) está en el argumento esgrimido por el INE en el sentido de que resuelve reanudar el proceso electoral simplemente por ser la autoridad en la materia. Y punto.

Lo expresa así: “…en razón de que la materia electoral es facultad exclusiva” del INE… le “corresponde dictar los acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las atribuciones que tanto la Constitución (como la demás legislación en la materia) le otorgan”, y es por ello “reconocido como máxima autoridad administrativa en la materia y depositario de la función electoral”, por ello así, sin más, resuelve el problema: las elecciones serán el 18 de octubre. ¡Tope en chivas! Punto.

Aunque luego de ese desplante de soberbia, con cautela, temerosos, los consejeros del INE incluyeron como punto octavo de su resolución el siguiente: “OCTAVO. En caso de que las autoridades competentes en materia de salud pública determinen oficialmente la existencia de condiciones sanitarias que vuelvan inviable la realización de actividades de organización o el adecuado desarrollo de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo”, el INE tomará inmediatamente “las medidas conducentes”. Quizá cuando ya sea demasiado tarde.

¿Entonces por qué el INE resolvió la reanudación del proceso sin previa consulta a la autoridad sanitaria, por qué no mantuvo vínculos de comunicación permanente con ésta y por qué le envió los protocolos que diseñó, para “opinión y sugerencias”, apenas la víspera en que emitió su resolución? Son preguntas para las que no se tiene respuesta.

NOTA: Al inicio de la semana se dio a conocer que el gobernador de Hidalgo solicitó al secretario federal de Salud su intervención para que en su estado la elección se posponga.