La intervención de los poderes públicos en nombramientos dentro de órganos autónomos debilita a las instituciones

En los últimos años la proliferación de los órganos constitucionales autónomos ha marcado la evolución del Estado mexicano. La hegemonía del PRI y el arribo de la oposición al poder ha llevado, en algunos casos, a transformar, y en otros, a fundar instituciones del Estado cuyas funciones le correspondían antes al Ejecutivo federal. Por ejemplo, la autoridad electoral dependía de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones era parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o el Banco de México dependía directamente del Presidente de la República. Lo mismo ocurrió, en un inicio, con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi), al momento de su fundación, que aglutinó, a su vez, dependencias que estaban dispersas en la administración pública.

Ante la desconfianza de la población, o abierto descrédito de ciertas dependencias donde el gobierno era un actor directo o una parte interesada, poco a poco se crearon órganos autónomos. Algunas dependencias ya existentes se volvieron autónomas e independientes del Ejecutivo federal.

Así, el propósito de los órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano tiene como característica general que deben estar fuera de la influencia política y de los excesos del poder público. Deben contar con plena autonomía técnica, de gestión y presupuestal para llevar sus actividades sin presiones o interferencias políticas. Por ello, normalmente dos poderes entran en coordinación para el nombramiento de sus órganos de gobierno. De esta forma, se pretende que haya mayores garantías de independencia.

La transición no ha sido fácil. Tanto el Ejecutivo como los partidos han intentado, una y otra vez, tener injerencia en los nombramientos con la idea de tener también influencia política en el funcionamiento de las instituciones. Ello ha ocurrido en repetidas ocasiones, con más o menos éxito para ellos, pero nefasto para la institución y el país. Entre más sea la intervención de algún poder público para nombrar a una u otra persona, habrá mayor debilitamiento de las instituciones.

De ahí la relevancia de los nombramientos de los órganos autónomos. De ahí la importancia del nombramiento de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del Inegi. A pesar de ser evidente que esta persona no cumple con los requisitos legales para ser elegible (además de que hay inexactitudes voluntarias o no en su CV y potencial conflicto de interés), el Ejecutivo federal, presumiblemente la Secretaría de Hacienda, se ha empecinado en que llegue al puesto. Tampoco parece un perfil idóneo, más allá de lo legal, para ocupar un puesto de tanta responsabilidad y que exige una clara independencia del Ejecutivo. Es una actitud clara de interferencia y de no permitir que los órganos constitucionales autónomos funcionen como deben. Es insistir en que los órganos del Estado tienen dueño y un “patrón”, en lugar de dejarlos hacer su trabajo.

Ciertamente los órganos autónomos no son soberanos. Deben rendir cuentas; por ello el CEEY y otras organizaciones también participamos en el Grupo Técnico Ampliado del Inegi y Coneval. El Inegi debe rendir cuentas de lo ocurrido con los ingresos de 2015, que a su vez afecta la medición de la pobreza, buscar la comparabilidad con las cifras anteriores y las cifras futuras. Estamos en eso, con la apertura y colaboración de Inegi, pero exigimos que no haya intervención del Ejecutivo. Defendamos todos el alto nivel profesional, la autonomía y la institucionalidad del Inegi.

Señoras y señores senadores de la República, es su obligación mantener la legalidad y garantizar la independencia y autonomía del Inegi. Respetuosamente, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, les pedimos regresar al Ejecutivo su propuesta para que envíe otra que cumpla con los requisitos legales y con las funciones que debe tener la Junta de Gobierno del Instituto.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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