España comenzará a ingresar en un territorio político inexplorado, mientras el primer ministro, Mariano Rajoy, se prepara para llevar a cabo su amenaza de frenar el impulso de independencia del gobierno catalán regional al imponer un gobierno directo desde Madrid.

La semana pasada, Rajoy advirtió al presidente catalán, Carles Puigdemont, que tenía hasta las 10 de la mañana para abandonar sus planes de secesión y devolver la región al "orden constitucional".

El hecho de no hacerlo, dijo, daría como resultado que el gobierno español tome el paso sin precedentes de invocar el artículo 155 de la constitución posfranquista del país y asumir el control de la región.

El referéndum unilateral sobre la independencia catalana celebrado el 1 de octubre ha sumido a España en su peor crisis política, desde su retorno a la democracia hace cuatro décadas.

Aunque Puigdemont ha afirmado que la encuesta, en la que el 90% de los participantes optó por la independencia, le ha dado a su gobierno el mandato de forjar un estado soberano, ha ignorado la demanda de Rajoy de aclarar si la independencia ha sido o no declarada.

En su lugar, propuso que se suspendan los efectos de una declaración de independencia durante dos meses, mientras ambas partes se embarcan en un diálogo para resolver el conflicto.

El miércoles, el primer ministro español emitió un llamado de último minuto para Puigdemont para calmar la situación y actuar en interés de todos los españoles y catalanes.

Al hablar en el parlamento, Rajoy pidió a los colegas de Puigdemont que lo persuadieran de "no hacer más problemas" que "obligarían al gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacer nunca".

También hubo especulaciones de que el gobierno catalán podría intentar evitar el desencadenamiento del artículo 155 al convocar nuevas elecciones regionales. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores catalán, Raül Romeva, insistió en que tal movimiento no se estaba considerando, y dijo a los reporteros en Bruselas: "Las elecciones desde nuestra perspectiva no son una opción".

Las tensiones en el ya estancado tema aumentaron aún más temprano esta semana después de que un juez en el tribunal nacional de España negara la libertad bajo fianza a dos prominentes líderes independentistas catalanes que están siendo investigados por presunta sedición.

Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, son acusados ​​de utilizar grandes manifestaciones para tratar de detener a los oficiales de policía españoles a raíz de las órdenes del juez de detener el referéndum.

Su detención provocó grandes protestas en Cataluña el martes. El mismo día, el tribunal constitucional de España anunció que había anulado la ley catalana que había allanado el camino al referéndum, y agregó que el derecho a "promover y promulgar la secesión unilateral" de una parte del país no fue reconocido en español constitución.

Alrededor de 2,3 millones de los 5.3 millones de votantes registrados de Cataluña, el 43%, participaron en el referéndum. Según el gobierno catalán, se perdieron 770,000 votos luego de que la policía española interviniera para intentar detener la votación.

Con información de The Guardian