No al uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos, es la bandera que ha enarbolado la Caravana por la Dignidad, que salió de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de enero y llegará a la capital de la República este domingo 4 de febrero.

¿Y cuál es la novedad, dirá el lector, si durante décadas el PRI ha desviado recursos sin que nadie pestañee?

Escribo desde la capital chihuahuense horas antes de la ceremonia del Primer Informe de Gobierno de Javier Corral. Hay por lo menos seis factores que vuelven extraordinariamente relevante la reivindicación chihuahuense en la delicada coyuntura política de 2018:

El dedo en la llaga. El gobernador Javier Corral Jurado ha evidenciado técnica y documentalmente los mecanismos por los cuales cantidades millonarias de dinero público se han desviado a campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La represalia. El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha retenido hasta 780 millones de pesos, fundamentalmente del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que no han sido entregados a la tesorería chihuahuense. Es la primera vez que un gobernador se planta frente a un intento de doblegarlo por parte del Presidente de la República y la tecnocracia hacendaria, para mantenerse firme en su reivindicación de justicia para el pueblo de Chihuahua.

El operativo Edomex a nivel nacional. El PRI está listo para repetir el numerito que ya instrumentó en las elecciones de 2017 para imponer a su candidato Alfredo del Mazo a golpe de uso de programas sociales con signo partidista, ingeniería electoral distrito por distrito, compra de votos, etc., es decir, desplegando los actos de corrupción que Corral ha denunciado.

El candidato priista desvalido. La denuncia de Corral apunta a la línea de flotación del sistema de corrupción política mientras el candidato presidencial tricolor aparece en un lejano tercer lugar hacia el 1 de julio.

Extraditen a César Duarte, no deporten a los dreamers. El exgobernador César Duarte Jáquez se encuentra prófugo presumiblemente en algún lugar de EU. La PGR retarda y suaviza la solicitud de extradición, al tiempo que el gobierno de Trump amenaza con expulsar a los jóvenes Dreamers mientras Duarte busca cobijo en su país para evadir su responsabilidad.

La respuesta social. Un grupo numeroso de organismos cívicos y empresariales exigimos a Peña Nieto poner fin a la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria. 
Demandamos un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, sobre todo los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación; y exigimos también que los gobernadores asuman su compromiso con el ejercicio transparente de los recursos y que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen al gobierno federal.

Es mucho lo que está en juego. La rabieta de Los Pinos y de la burocracia hacendaria no hacen sino evidenciar que las denuncias del gobernador Corral ponen al desnudo el modus operandi del grupo en el poder, que no sabe hacer política sin recurrir al desvío de recursos públicos.

Están jugando con fuego. Le quieren envenenar el estado al gobernador. En la línea del tiempo es imposible dejar de advertir que cada vez que se ha producido una detención de algún cómplice de esta red criminal de desvío de recursos públicos, se produce alguna masacre o se dispara la violencia en territorio chihuahuense.

Al régimen de @EPN ya lo alcanzó el futuro. Todos al Ángel de la Independencia este domingo 4 de febrero a las 11:00 am para exigir justicia para Chihuahua, y en esa lucha, para todos los mexicanos.

Twitter: @Carlos_Tampico