Luego que el periódico New York Times revelara en una investigación que el gobierno de Enrique Peña Nieto investigaba y espiaba a varios periodistas y defensores de derechos humanos, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que es ilegal el espionaje telefónico ejercido contra cualquier persona y que únicamente sería válido cuando éste fuera ordenado por un juez.  

La investigación publicada por el diario norteamericano indica que los periodistas espiados son: Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad; Carmen Aristegui y su hijo Emilio; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos y Miguel Agustín Pro Juárez, representante de los padres de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 

También se encuentran Carlos Loret de Mola, conductor y periodista de Televisa, Radio Fórmula y colaborador de El Universal; Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los normalistas; la abogada estadunidense Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Atenco. 

Tanto los periodistas como los activistas fueron vigilados con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado. 

Durante una visita realizada por Luis Raúl González Pérez a Coahuila, desconoció la información que comenzó a divulgarse desde la mañana de este lunes; sin embargo, aclaró que “cuando se lesiona al periodista se atenta al comunicador o se atenta contra el medio, quien resiente la conducta es la persona agraviada, lo resienten los compañeros de los medios de comunicación y afecta a la sociedad, porque lo que se quiere evitar que lo que comunican ustedes llegue a sus lectores o auditorios”.

“Nos vamos a enterar muy bien del asunto, pero la intervención de cualquier comunicación no está prohibida pero sí tiene formalidades jurídicas y cuando no se observan éstas se violan los derechos humanos”, enfatizó.