En la justicia los órganos colegiados son expresiones de pluralidad que permiten juzgar con menor margen de error. Si diferentes personas revisan en forma libre y autónoma los hechos y el Derecho, las resoluciones judiciales se enriquecen por los diferentes puntos de vista. El disenso judicial, por tanto, es una práctica que debe resultar normal en un sistema judicial.

Desde que inicié mi función judicial he tenido consensos y disensos con mis colegas. Ha sido muy satisfactorio ejercer con plena libertad y responsabilidad mis posiciones particulares. Como juez escucho con mucha atención los argumentos que contradicen mi punto de vista. Uno debe estar siempre abierto al debate genuino para cambiar, modificar o confirmar con absoluta integridad judicial las convicciones propias. Pero cuando uno sostiene una posición contraria, la mejor manera de dejar constancia es con el voto particular.

La historia judicial nos dice que luego las posiciones particulares que son fundadas son las mayoritarias en otros contextos. Tarde o temprano vence el Derecho. Esa es la regla de la síntesis en una dialéctica judicial.

Nuestro deber judicial es motivar las decisiones con razones públicas convincentes, sujetas exclusivamente a la Constitución y a la ley conforme a ella. Son ellas las que determinan la legitimidad judicial. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo discutimos, argumentamos y resolvemos un asunto. La función judicial debe ser pública porque es el mejor control de la democracia para asegurar los derechos que están en juego en un debido juicio.

Antes de ser juez, durante más de una década impulsé el debate de las sentencias. No es una cosa nueva en mi trayectoria pública. Mis propuestas son públicas y los testimonios académicos revelan que con una red de expertos de diferentes países hemos discutido sentencias de la más alta jerarquía, como lo son la SCJN, TEPJF y otros tribunales internacionales líderes en el mundo.

En toda esa experiencia, constaté jueces con una gran apertura a discutir sus precedentes. No sólo a escuchar a la audiencia especializada y a la sociedad, sino también a retroalimentar sus posturas; incluso a revisar sus criterios en un ejercicio de deliberación racional. Aprendí de su gran talante judicial.

Por un principio de congruencia, como juez ahora me toca no sólo discutir con independencia judicial los asuntos que me corresponde votar. También debo promover un espacio de crítica a mi actuación judicial. Siempre he pensado que de las posiciones en contrario se aprende. Los jueces no tenemos más deber que escuchar con mucha seriedad el juicio, discutir nuestras posiciones y resolver con absoluta imparcialidad y objetividad.

Reconozco, sin duda, que mi postura judicial no es tradicional. Es incluso muy incómoda para ciertas concepciones de la función judicial que no comparto. Pero al final es la que en otros tribunales se ha consolidado para darle mayor credibilidad a la función judicial. Las personas deben saber que los tribunales que imparten justicia discutimos en serio.

En tal sentido, mi postura pública para resolver los asuntos siempre va a implicar el estudio a detalle de cada caso. Tendré coincidencia o disidencia con mis colegas, pero siempre explicaré mi posición. Disfruto el debate judicial: me permite pensar el Derecho en forma crítica para hacer, conforme a mis convicciones, la justicia que merecen las personas.

“La lucha por el Derecho”, a propósito de la obra de Rudolf von Ihering, exige una permanente discusión de las normas, hechos y valores a aplicar. Los jueces no somos una oficina de trámites. Somos los guardianes de la ley que cualquier ciudadano espera acudir a la hora en que se discuta su libertad, su patrimonio o su responsabilidad.

Los jueces como personas estamos sujetos a error judicial. La mejor manera de no equivocarnos es confrontar siempre las razones del fallo en forma pública. Eso es normal. No debe asustar a nadie. En general, los debates pueden molestar a quien se sienta agredido por las razones o al espectador que no le guste la discusión. Pero de mi parte hasta tolero la descalificación en mi vida pública.

En estos meses he promovido con la ciudadanía el debate de mis posiciones. Hay personas que comparten mis ideas, otras no. Es legítimo. Pero incluso unas no sólo discrepan, sino que descalifican. Por mi parte no hay problema. Es parte del debate vigoroso que en una sociedad democrática debemos aceptar como figuras públicas, y que nos corresponde rendir mayores cuentas sobre nuestro actuar.

ÁGORA JUDICIAL

Si hay algo que debo agradecer es el debate con mis compañeros. Siempre aprendo y me permite exponer mi convicción judicial. Ha sido una gran experiencia que me hace estudiar más, aprender más y tratar de resolver de la mejor manera.

De mi parte discutiré cuanto sea razonable, necesario y útil para defender los derechos de las personas. Bienvenido el disenso en esta nueva época judicial.