En la pasada reforma electoral, los legisladores asumieron que existe una relación directa entre gasto de campaña y votos. Supusieron que a mayor gasto, mayor votación y viceversa. Sólo así se puede explicar que el rebase de topes de gasto de campaña se volviera causal de nulidad de una elección. Tampoco hay otra forma entender la presunción de “determinancia” del rebase de topes de gasto sobre el resultado cuando éste excede el 5% y el margen de votación que separa al ganador del segundo lugar es menor a este mismo porcentaje. Sin embargo, los dictámenes de las finanzas de las pasadas campañas de gobernador arrojan una imagen más compleja de la relación entre dinero y elecciones, al mismo tiempo alentadora e inquietante.

La parte alentadora es que dinero no es igual a votos. No siempre el que más gasta es el que gana. De hecho, de las 12 elecciones de gobernador que se celebraron el 5 de junio, en siete casos el ganador gastó menos que su principal contrincante. El caso más extremo fue Tamaulipas. El candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, Baltazar Hinojosa, gastó 4 veces más en su campaña que el candidato del PAN, Francisco Cabeza de Vaca. No obstante, el panista se llevó la elección con 51% de la votación, una ventaja de 14 puntos. Otro caso lo tenemos en Tlaxcala, donde la candidata del PAN, Adriana Dávila, gastó el doble que el candidato ganador, Marco Mena, de PRI-PVEM-Panal-Socialista. Sin embargo, Dávila se cayó hasta el tercer lugar en la votación.

Aunque más gasto de campaña no se traduce necesariamente en más votos, para estar en la contienda es necesario tener un nivel de gasto competitivo. De los 12 candidatos ganadores, nueve de ellos fueron responsables de al menos 30% de los gastos de campaña totales en la contienda. Dos más tuvieron al menos el 20% y sólo uno (Cabeza de Vaca en Tamaulipas) logró ganar la contienda con un nivel de gasto que representó el 15% del total. En circunstancias normales, este nivel de gasto habría resultado difícilmente competitivo.

Lo cual nos lleva a la parte inquietante de la información que arrojan los dictámenes de las finanzas de las campañas de gobernador. En primer lugar, el régimen de financiamiento público tiende a preservar el statu quo. Los partidos a los que les fue bien en la elección anterior tienen mayores probabilidades de continuar con buenos resultados en las siguientes. Ello se debe a que 70% del financiamiento público, tanto de campañas como ordinario, se distribuye de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en el proceso electoral anterior. Además, ningún partido puede recibir financiamiento privado por una cantidad superior al financiamiento público otorgado. Ello significa para los partidos pequeños o de nueva creación no sólo una subvención pública mucho menor, sino que encima de ello la ley les impide compensar con aportaciones privadas.

En segundo lugar, el régimen de financiamiento público genera campañas zombies. Los partidos pequeños tanto nacionales como locales lanzan campañas a gubernaturas que tienen probabilidades casi nulas de éxito, pero sirven al propósito de mantener el registro local y preservar las prerrogativas. Estas campañas generan unas enormes distorsiones en la relación entre gastos de campaña y votación. El caso más extremo fue el de un partido local, Alianza Ciudadana, que en Tlaxcala gastó 2 mil 967 pesos por cada voto recibido. También tenemos partidos nacionales como el PT que en la campaña de Sinaloa gastó mil 124 pesos por voto o MC, que en Veracruz tuvo un gasto por voto de 643 pesos.

Desde luego, son los partidos más grandes los que en general tienen la mejor relación gasto de campaña y votación. Pero esto se puede deber a que los partidos políticos pequeños reciben algo de dinero para hacer actos simbólicos de campaña, pero no el suficiente para realmente estar en la pelea.