A finales del mes de agosto, el INE aprobará el acuerdo por el que se determina el monto del financiamiento público ordinario de los partidos políticos para el 2019, el dinero del erario público que reciben anualmente con independencia de que se celebren elecciones federales. La cantidad se calcula multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la medida de indexación que sustituyó al salario mínimo. Una estimación preliminar arroja una cifra que asciende a 4,728 millones de pesos.

Como de costumbre, la determinación del INE generará un debate en la opinión pública sobre el presupuesto destinado a los partidos políticos y la necesidad de reducirlo. Durante la actual legislatura del Congreso de la Unión, se han presentado diversas iniciativas de reforma constitucional con este propósito. Entre ellas destaca la que busca llevar a la Constitución federal la llamada ley Kumamoto, aprobada en el estado de Jalisco el año pasado. 

La medida impulsada por el diputado local independiente Pedro Kumamoto consiste en una reducción sustancial del financiamiento público local a partidos políticos, basada en una serie de ajustes a la fórmula para calcularlo. Días atrás, un grupo de diputados de Morena se sumó a la discusión con una propuesta para bajar a la mitad la bolsa del financiamiento público federal. 

Todo parece indicar que el financiamiento público a los partidos políticos es excesivo. Debe buscarse una forma razonable de reducirlo. Pero un simple recorte como una medida aislada puede resultar contraproducente. La democracia mexicana necesita un sistema de partidos fuerte, sano y competitivo. La forma en que financian sus actividades resulta clave para conseguirlo.

El actual sistema de financiamiento de partidos y campañas electorales descansa esencialmente en el dinero de los impuestos. Las aportaciones de sus afiliados y de la ciudadanía en general representan una parte minúscula de sus ingresos. Los partidos recaudan poco porque tienen un flujo constante de recursos presupuestales garantizado y porque la ley impone topes severos al financiamiento privado. 

La dependencia del financiamiento público fue un objetivo deliberado del actual sistema desde su creación en 1996. Sus fundadores asumieron que las aportaciones privadas eran potencialmente corruptoras y que el suficiente financiamiento público serviría como un blindaje contra la corrupción electoral. Evitaría el típico "quid pro quo" político –la donación de dinero a las campañas a cambio de contratos, permisos, licencias, etc., tras el triunfo electoral–, y preservarían la credibilidad del sistema democrático.

Después de más de 20 años, los resultados de nuestro sistema de financiamiento de partidos y campañas son decepcionantes. La percepción ciudadana de los partidos y las elecciones ha sufrido un enorme deterioro. Atender las causas de este malestar implica ir más allá de una simple reducción al financiamiento público. 

Empieza por reconocer que un presupuesto grande para los partidos no ha impedido el "quid pro quo" político, y que para atacar el problema de la corrupción electoral se necesita una legislación y una policía investigadora especializada. Por otro lado, para disminuir la dependencia del financiamiento público debe haber mayor apertura a las aportaciones de la militancia y la ciudadanía en general, de manera transparente y regulada. 

Finalmente, ninguna reforma llegaría muy lejos si no se toman las medidas para que el dinero llegue realmente a las campañas electorales, en lugar de quedarse en las burocracias partidistas bajo el control de sus dirigencias. La experiencia reciente con las candidaturas independientes muestra que los candidatos de los partidos pueden encargarse directamente de las finanzas de sus campañas y rendir cuentas.