Saltillo se ha estructurado anárquicamente por el éxodo de campesinos de comunidades rurales vecinas, de personas de diferentes lugares de Coahuila y otros estados, que vienen a buscar trabajo a causa del abandono y fracaso del campo.

Actualmente, una minoría de quienes han llegado vive con algo de dignidad, mientras que otros apenas sobreviven en barriadas miserables, en medio de los conflictos del día a día. Actualmente existe una demanda de mano de obra mayor a 8 mil empleos.

Saltillo ha sido un espacio colonizado socialmente de manera contradictoria y desigual, privilegiando intereses políticos y empresariales. Por estas razones, y a diferencia de otras ciudades que tienen un sello regional, el Saltillo del presente es un espacio de obreros y trabajadores, de los cuales muchos se encuentran en la economía informal, pero con un gran potencial humano para explorar y construir nuevas formas de coexistencia ciudadana y democrática.

También, la ciudad es territorio de tránsito y destino de empobrecidos migrantes nacionales y centroamericanos, que buscan mejores condiciones de vida.

El drama de la ciudad consiste precisamente en que la ausencia de democracia es consecuencia de una razón de hostilidad, de segregación, de profunda inseguridad y de esterilidad en la búsqueda de proyectos e identidades colectivas que permitan orientar el futuro de sus habitantes más desprotegidos.

A pesar de los más de 400 años, Saltillo es una ciudad nueva, con poco pasado común. Por eso, en una sociedad moderna como la nuestra, en donde la vida diaria se manifiesta como un conjunto de idas y venidas, en una búsqueda continua de la satisfacción, el progreso urbano debe ser algo más que el crecimiento de la población y de infraestructuras de comunicación, servicios, dotaciones y equipamientos. El ser considerada una de las mejores ciudades para vivir en el país representa poco para los saltillenses pobres que carecen de espacios comunes habitables y saludables, donde se desarrolle la vida con dignidad y calidad, en donde se garanticen los derechos inalienables del ser humano para satisfacer sus necesidades básicas.

Y como consecuencia de la urbanización acelerada, se provocó entre otras cosas el descuido y calidad de los espacios públicos, los cuales no solo son expresión de la pobreza sino que contribuyen a su reproducción. Por ejemplo, Aguas de Saltillo cortó el suministro de agua a las más de 900 plazas de la ciudad, exigiéndole a los vecinos de las plazas, que ellos las regaran y pagar el gasto incurrido por el consumo del agua. Esto ha sido por supuesto, con el aval de esta y todas las administraciones municipales, violando el Art. 115 de la Constitución, lo que ha ocasionado que árboles y arbustos estén en condiciones deplorables —los que aún sobreviven— y las áreas restantes se han convertido en eriales. 

Para lograr un verdadero desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes, se requiere que las instituciones municipales y estatales, así como las empresas productivas y la sociedad civil, tengan como uno de sus compromisos fundamentales la superación social, moral, y económica de los individuos.

Bajo estas premisas se espera que la calidad de vida se refleje en un buen transporte colectivo, viviendas dignas, trabajo bien remunerado, apoyo a la tienda de la esquina, educación adecuada e integral, seguridad para todos, respeto a la equidad de género, respeto a las minorías, transparencia, deporte, cultura, derecho humano al agua potable, participación ciudadana, derecho a disentir, a opinar, a convivir, a la salud, a una alimentación sana, a migrar, a tener un aire limpio, áreas verdes cuidadas y agradables, calles y banquetas limpias y arregladas, respeto a los recursos naturales, derecho a la convivencia en áreas públicas que coadyuven en restructurar el tejido social, al esparcimiento, a compartir con los amigos, a disfrutar el tiempo libre, a estar desahogado económicamente, a no temer, a confiar en los demás, a ser felices, etc.

Saltillo ha sido parte importante de una estructura histórica y política alejada de su realidad urbana moderna y anclada tanto en las prácticas del clientelismo como de patrimonialismo. Las clientelas políticas del PRI solo expresan intereses muy parciales en un modelo de supervivencia política basado en el abusivo ejercicio del poder. Estas realidades han desvirtuado la política como espacio moderno de interlocución social para construir la ciudad y han alejado a la ciudadanía de la participación activa, anulándola críticamente. En este sentido, el proyecto de una nueva cultura ciudadana se torna fundamental en su dimensión amplia; es decir como alternativa de refundar la política local y abrir espacios de participación social, económica y política y no simplemente como un llamado simbólico, sino participando activamente como actores protagónicos, que sean tenidos en cuenta por las autoridades.

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