Al Congreso del Estado de Coahuila le tomó casi 100 días finiquitar un proceso que para todo mundo era obvio y necesario: retirar el fuero constitucional al regidor del municipio de Arteaga, José Arcadio González Peña, a quien se detuvo mientras cometía el delito de robo en agravio de una empresa telefónica el pasado 6 de octubre.

Ayer, finalmente, culminó el tortuoso procedimiento que permitirá someter a proceso penal al ahora exedil que, para colmo de las paradojas, se desempeñaba como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento.
¿Por qué tardó tanto el Poder Legislativo local en tomar una determinación que, a ojos de cualquiera, resultaba ineludible?

La respuesta oficial seguramente argüirá que por respeto a los derechos del inculpado es necesario desahogar el procedimiento en diversas etapas y conceder a éste el derecho a defenderse, por lo cual el juicio político no puede ser expedito.

Y es probable que técnicamente pudieran tener razón, pero lo que los ciudadanos han visto hasta ahora es un procedimiento burocrático que, lejos de garantizar el respeto a la ley, lo que hace es garantizar la posibilidad de que, quien accede al fuero constitucional, pueda cometer delitos de forma impune.

Porque, en última instancia, lo que prevalece a estas alturas es el corolario de la nota que cierra este capítulo de la historia: González Peña es ahora un prófugo de la justicia pues, de acuerdo con la información conocida, no se tiene información cierta sobre su paradero en este momento.

El otro dato que prevalece es el relativo al salario que el edil estuvo cobrando desde el día en el cual fue arrestado -en flagrancia- mientras presuntamente cometía el delito de robo.

Habrá que ver, por supuesto, si la Procuraduría General de Justicia nos sorprende en los próximos días con la noticia de haber mantenido bajo vigilancia al ahora exedil, a fin de impedir la posibilidad de que se diera a la fuga y con ello evitara ser sometido a juicio.

Resulta difícil -a priori- creer que el equipo encabezado por Homero Ramos Gloria haya tomado las previsiones necesarias para evitar que, una vez consumado el desafuero, el regidor arteaguense escapara de la acción de la justicia, pero será necesario esperar a conocer los informes oficiales.

Por lo demás, la telenovela del desafuero de González Peña no hace sino aportar nuevos elementos para documentar el pesimismo, pues el hecho sólo evidencia cómo la adquisición de poder político representa -en automático- un pasaporte al paraíso de la impunidad en nuestro País.

Valdrá la pena, en este sentido, que los integrantes de la actual Legislatura del Congreso del Estado comiencen a decirnos qué van a hacer para evitar que episodios bochornosos como éste vuelvan a registrarse en nuestra entidad.