Por: JULIETA ELIZABETH UDAVE GARCIA

El ser humano necesita contar con condiciones y circunstancias que le permitan alcanzar un mayor desenvolvimiento tanto en su vida privada, como en su dimensión social. 

Hay situaciones en las cuales la dimensión social asume un papel central. Así es en los procesos electorales, donde los intereses públicos juegan el rol protagónico y la vida privada de un individuo se convierte en tema de relevancia pública y de abierta discusión. 

Durante las campañas electorales, todos nuestros sentidos están puestos en lo que los candidatos a cargos públicos hacen o dejan de hacer, tanto en lo que se refiere a su programa político, así como en su vida personal e intimidad.

La crítica del elector comienza a basarse en aspectos como la estabilidad matrimonial del candidato, en si el hijo adolescente de éste consume drogas o si sus hijos estudian en el extranjero más que en la seriedad de sus propuestas.

A pesar de tratarse de una muy buena receta para que nuestro morbo se alimente, esta situación plantea un muy grave choque entre derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la vida privada y a la intimidad; por el otro lado, el derecho de los demás a ser informados de lo que sucede en la sociedad.

La pregunta, por lo tanto, es: ¿hasta qué punto tenemos que saber qué hace un candidato en su vida privada? Y más: su vida privada, por ser candidato, ¿se convierte en un tema de interés público?

Quizás de eso se trata la democracia y mal haríamos si, como ciudadanos, no prestáramos atención a las acciones que realizan quienes trabajan con recursos provenientes de nuestros impuestos.

Hay casos en el que se puede plantear la necesidad de tener una información detallada de lo que sucede en la vida personal de alguien. Hay casos en que la sociedad puede manifestar la inquietud de estar informada de la verdad y reclama el derecho de conocer aquello que por naturaleza forma parte de su vida privada. 

Sin embargo, hay un espacio de privacidad de cada uno de nosotros que representa una zona franca, un espacio que es nada más nuestro.

¿Cuál es este espacio? Todavía este dato no queda claro. Existen múltiples teorías, variedad de criterios, contradicciones, vacíos y confusiones que nos llevan a una conclusión: la vida privada es algo relativo y, por tanto, que es variable conforme a ciertas condiciones.

Tal como sostiene R. Lindon: “los límites de la vida privada no son los mismos en todas partes y para todos, sino que son movibles y cambian, por una parte según los países y por otra parte según los individuos”.

Claro, se entiende que para todos aquellos que adquieren una gran notoriedad pública por las actividades que realizan (ya sean políticas, artísticas, deportivas etcétera) no valen las reglas comúnmente aplicadas a los demás individuos. Pero ¿todo se vale?

No, también los actores políticos tienen derecho a que su honor e intimidad  sean respetados. No se vale que se expongan situaciones que conciernen a su esfera íntima como aspectos sexuales, amorosos o de índole embarazosa para el individuo o para su familia. No se vale que se filtren llamadas que exponen problemas maritales entre un candidato y su esposa, no se vale ridiculizar a una persona por su manera de vestir o de hablar, y menos si eso nada tiene que ver con su propuesta política.

Si bien se ha avanzado mucho en el desarrollo de estos derechos, es importante dar el siguiente paso. Se necesita claridad en la ley e instrumentos para reglamentar y no menoscabar otro derecho.

Siempre, en cualquier conflicto entre derechos, la finalidad es la de encontrar un equilibrio, para que se garantice un derecho sin vulnerar otro igual de importante. Y recordemos: no, no existe un derecho al chisme. 

*La autora es auxiliar de investigación de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos  
de VANGUARDIA y 
la Academia IDH.