La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del gobierno de Coahuila con “un nivel bajo” para llevar a cabo un correcto control interno de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de asistencia social, para el ejercicio fiscal 2018.

El documento de la auditoría de cumplimiento 2018-A-05000-19-0743-2019 743-DS-GF indica que se obtuvo un promedio general de 29 puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada una vez analizadas evidencias documentales, un cuestionario de control interno y un instrumento de valoración determinado para la revisión.

¿Qué significa lo anterior? Que el gobierno de Coahuila, en el DIF, tiene débiles procesos de operación, manejo y aplicación de recursos. Vaya, que no se vigila el dinero.

¿Pero en qué se gastó el recurso del FAM? Es aquí donde uno entiende el porqué de los “débiles” mecanismos de control. De los 398.7 millones de pesos del FAM, el 47.8 por ciento, es decir, 190.7 millones, fueron a parar a asistencia social. El resto a infraestructura educativa básica (95.4 millones), media (6.4 millones) y superior (106.1 millones).

¿Y qué abarcó el gasto en asistencia social? En el negocio de despensas y desayunos. Según la revisión de erogaciones de la ASF, los 190.7 millones los destinaron a regalar desayunos escolares en modalidad fríos y calientes, apoyos alimentarios a niñas y niños de 0 a 5 años, despensas saludables, unidades productivas de desarrollo y a cocinas populares y unidades de servicios integrales.

La ASF encontró que el recurso fue entregado a través de seis programas ejecutados por el DIF. En el programa de Desayunos Saludables Calientes se señaló, por ejemplo, que el DIF no acreditó contar con un análisis de precios propuestos por el proveedor y de los incrementos porcentuales correspondientes, de conformidad con lo establecido en las citadas bases. El negocio es el negocio.

Otro punto que quizá pase desapercibido es que, en la revisión de la dispersión de las despensas y desayunos, se constató que los bienes adquiridos fueron entregados por parte de los proveedores a los beneficiarios y se comprobó que entregaron insumos mediante formatos que no consideraron todos los elementos establecidos en las bases. Como es un negocio, nadie lo vigila. Faltaba más.

Sin embargo, el señalamiento al DIF fue una probada de las observaciones de la ASF, que en su cuenta pública 2018 encontró un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 30.4 millones de pesos, que representa el 12.4 por ciento de la muestra auditada (244.4 millones de pesos) de los recursos del FAM.

Las observaciones de la misma auditoría originaron nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por las irregularidades de servidores públicos, principalmente en asuntos de transferencias de recursos y rendimientos financieros. Por mover fuera de la ley la lana.

Los pliegos de observaciones varían, pero van desde depósitos en cuentas que no van, transferencias a otras cuentas, atrasos –jineteo– en la transferencia de recursos y reintegros a cuentas sin rendimientos –jineteo sin rendimientos–, entre otras.

Por ejemplo, la ASF encontró que la Secretaría de Finanzas (Sefin) administró los recursos del FAM de 2018 por 398.7 millones de pesos y sus rendimientos financieros en dos cuentas, mismas en las que se identificaron depósitos de otras fuentes de financiamiento, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafos segundo, tercero y cuarto.

Otra irregularidad que llevó a una promoción de responsabilidad: la Sefin transfirió recursos del FAM 2018, del componente asistencia social, por 190.7 millones de pesos con atrasos de 10 a 172 días en su ministración al ejecutor, mientras que del componente de infraestructura física educativa por 150.7 millones, se observaron atrasos de 7 a 266 días; además, no se transfirieron los rendimientos financieros al mes de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. Jineteo de recursos.

También la ASF observó que la Universidad Autónoma de Coahuila transfirió recursos de un fondo a otro, lo que para la Auditoría resta transparencia.

Así mismo, la Sefin no acreditó el registro contable y presupuestal de los recursos del FAM por 398 millones 784.2 mil pesos, ni de los rendimientos financieros generados.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado tampoco acreditó que las operaciones se encontraran registradas, contable y presupuestalmente, por más de 41.7 millones de pesos.

AL TIRO

¿Cree que haya sanciones? La ASF emitió las promociones de responsabilidad administrativa para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado investigue e inicie procedimientos administrativos. A buen santo se encomienda.

¿Usted conoce alguna sanción o acto de autoridad de esta Secretaría? Una dependencia más parecida a una escenografía.