Todas las últimas elecciones presidenciales en México se han caracterizado porque la competencia se da, en distintas proporciones, solamente entre tres candidatos o tres fuerzas políticas. La distribución en tercios del voto entre tres candidatos competitivos, con un tercer lugar un poco más rezagado, es a lo que nos hemos acostumbrado en nuestro país a partir de 1988. En el escenario que comienza a dibujarse para el próximo año, todo parece indicar que la competencia se podría dar entre cuatro candidatos o cuatro fuerzas políticas, con todas las complejidades que ello implica.

Independientemente de si se logra o no la coalición entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática para postular un candidato común, con el muy rápido escalamiento en las preferencias electorales de Morena, la muy probable aparición en la boleta electoral de uno o varios candidatos independientes, más el candidato del Partido Revolucionario Institucional, se está haciendo posible un escenario en el que, por lo menos, tengamos cuatro candidatos a la Presidencia de la República con probabilidades de obtener la victoria.

Vale la pena preguntarnos cuáles son las implicaciones de una cuarta candidatura que también cuente con posibilidades de triunfo. Me inclino a pensar que esa probable cuarta candidatura, que se ha dado en llamar el cuarto polo, está ya provocando un reacomodo en el sistema de partidos y, en esa medida, puede alterar las condiciones de funcionamiento del sistema político. Es claro que una cuarta opción política con posibilidades de triunfo, aumentará la competencia y, consecuentemente, reducirá el diferencial entre el candidato ganador y el resto de los candidatos. Un escenario altamente competitivo aumenta las probabilidades de tensión poselectoral, máxime si los perdedores no están dispuestos a aceptar un resultado adverso. La atomización del voto hace más difícil que el partido que hubiese postulado al candidato ganador logre una mayoría estable en el Congreso, con todo lo que ello implica para la gobernabilidad del país.

De un proceso electoral con cuatro candidatos competitivos puede surgir una distribución del poder político en que muchos de los actores no tienen una clara articulación programática e institucional. Y es que, por experiencia sabemos, que en México las coaliciones electorales no son, de suyo, coaliciones de gobierno. En ese contexto, la gobernabilidad dependerá, nuevamente, de la posibilidad de que el nuevo gobierno integre una mayoría más o menos estable que apalanque sus políticas. Es muy probable que si se amplía el espectro de actores con capacidad de decisión, será más difícil la conformación de mayorías. Al final del día, el peso relativo de la cuarta opción y la posibilidad de que ésta se articule como una fuerza política estable condicionarán sensiblemente el funcionamiento del sistema político en su conjunto.

Uno de los mayores retos, creo yo, lo tendrá la autoridad electoral. No podemos dejar de lado que la estrategia de debilitamiento institucional seguida por algunos actores políticos enfocará sus baterías en contra del árbitro electoral. Esa estrategia resulta preocupante si se toma en cuenta que la espiral inducida de desconfianza en la autoridad electoral, agrava sensiblemente la incertidumbre sobre la actitud que ciertos candidatos y partidos van a adoptar en el previsible escenario de un diferencial mínimo entre el ganador y el resto de los competidores.

En democracia, la competencia debe de ser alentada por los actores sociales. Una cuarta candidatura puede oxigenar el sistema de partidos e incentivar a los partidos tradicionales a hacer mejor las cosas. Por ello, este novedoso escenario lo debemos enfrentar con una autoridad electoral fuerte. Un árbitro débil sólo conviene a aquellas opciones que no están dispuestas a aceptar un resultado adverso.

Abogado
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