El arribo del 2016 a México no fue como todos lo hubieran deseado. Aún continuaban los festejos de Año Nuevo en todo el País, cuando se supo que Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, municipio conurbado con Cuernavaca, Morelos, fue asesinada 33 horas después de asumir su cargo.

La noticia sacudió al País. Y no es para menos. Ese tipo de violencia es un preocupante y molesto –según quiera verse- recordatorio de que la delincuencia en México no ha sido controlada completamente.

La insistencia del Gobierno Federal por quitarle reflectores a ese monstruo llamado crimen organizado, protagonista del sexenio pasado, se ve eclipsada por el caso de Temixco, que es un recordatorio de que hay regiones del País donde no se ha controlado a los narcotraficantes.

En efecto, la alcaldesa perredista Gisela Mota de 33 años, hoy es la dramática personificación de que muchos presidentes municipales tienen al narco como socio o como enemigo.

La Fiscalía de Morelos capturó ya a tres presuntos integrantes del cártel Los Rojos, uno de los grupos mafiosos al que las autoridades apuntan como el responsable del homicidio de la joven alcaldesa, quien en su discurso de toma posición lanzó un mensaje contra la extorsión y el secuestro.

Pero además de que el caso es un recordatorio sobre la vulnerabilidad de los alcaldes que reten el poder del crimen organizado, la ejecución de Mota reactivó el estira y afloja que existe en muchos estados del País, donde los presidentes municipales se niegan a participar en el esquema de Mando Único planteado por las autoridades federales y municipales.

Los protagonistas de este choque también están en Morelos y son el gobernador Graco Ramírez –del PRD- y el inefable Cuauhtémoc Blanco, exestrella del futbol mexicano y actual alcalde de Cuernavaca.

Ante la negativa de Blanco de que el mando de la Policía Municipal de la llamada “Ciudad de la Eterna Primavera” pasara al Gobierno Estatal, el Gobernador no dudó en revelar que personas cercanas al futbolista recién estrenado como político trabajaban para el crimen organizado.

Más allá de la anécdota, la crisis política y de inseguridad en el estado de Morelos es una muestra de que la violencia, por encima de las cifras y las declaraciones oficiales, sigue presente en México.

Este año 13 estados celebrarán elecciones, en 12 de ellos están en juego las Gubernaturas. Candidatos para todos los cargos en disputa, de todos los partidos, pueden ser blanco de amenazas de grupos interesados en inclinar la balanza del poder político a su favor.

Obviamente el reto es impedir cualquier participación del crimen organizado en los procesos electorales y es un reto enorme.