La inseguridad, se ha comentado en múltiples momentos, constituye uno de los costos más altos que la sociedad debe pagar y no se trata de una expresión que se plantee en sentido metafórico, sino real.

Y es que la ausencia de seguridad pública, es decir, la ineficacia del Estado en el propósito de garantizar nuestra integridad personal y la seguridad de nuestros bienes, debe sustituirse por mecanismos privados que constituyen un costo que, de forma indirecta, terminamos pagando todos.

Las más recientes cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que Coahuila ha empeorado sus números en este renglón y eso debe preocuparnos –y ocuparnos– a todos porque se trata de estadísticas que nos involucran.

Según el Inegi, en los últimos dos años el número de empresas que han sido víctimas de algún delito se incrementó en 28 por ciento, al pasar de 2 mil 837 casos a 3 mil 637 casos por cada 10 unidades económicas.

Tales cifras implican multiplicar las pérdidas materiales generadas por el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, así como el robo hormiga, que son los delitos de los cuales con mayor frecuencia son víctimas las empresas instaladas en la entidad.

¿Cómo está reaccionando la autoridad ante este fenómeno? ¿Cómo está reaccionando el sector privado ante la disminución en los índices de seguridad que prevalecen en Coahuila?

Es importante, de un lado, tener claro si los datos que refleja la Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas –instrumento del cual provienen las cifras anteriores– implican que existe un mayor número de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, o si con el deterioro de las condiciones de seguridad también lo ha hecho la confianza en la autoridades responsables de procurar justicia.

Es importante, del otro lado, tener claro si los cuerpos de seguridad han tomado nota del fenómeno y han diseñado políticas específicas para combatirlo y devolver la tranquilidad al sector empresarial.

Y es que tales cifras no solamente tienen un impacto a nivel estrictamente local, sino que influyen en la percepción que desde fuera se tiene de nuestra entidad y constituye uno de los elementos que cualquier inversionista tiene en cuenta, de manera fundamental, para decidir si trae o no sus capitales a una zona en la cual pudieran estar en riesgo.

Las cifras de victimización de empresas son mucho más que estadísticas y requieren una mirada detenida y atenta por parte de las autoridades, pues su repunte puede implicar, además del problema que significan en sí mismas, la incubación de un proceso de deterioro social que debe ser contenido y revertido en el plazo más breve posible.

De otra forma, la factura que el fenómeno nos pase será cada vez más alta.