La aprobación del Presupuesto de Egresos para 2018 volvió a cumplir su ciclo político: un debate en el Poder Legislativo que en poco incide ante la propuesta original del Poder Ejecutivo.

En esta ocasión, la excepción se generó por la situación de emergencia provocada por los huracanes y sismos que asolaron algunas entidades de la República y lo cual obligó a que se asignaran recursos adicionales para tratar de resarcir los enormes daños que sufrieron la población, empresas e infraestructura pública en estados como Morelos, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.

La estimación oficial afirma que ello no excede los 50 mil millones de pesos, y de acuerdo con lo aprobado por los legisladores, se tienen recursos suficientes para enfrentarlo.

El uso de los esquemas de papel ampliamente conocidos, como elevar la cotización esperada en el precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar les otorgaron recursos adicionales en la Ley de Ingresos para poder solventar los gastos excepcionales.

Con una nueva estimación de ingresos y la reasignación realizada en las erogaciones de algunas partidas, los diputados terminaron aprobando un presupuesto que en esencia sigue la misma lógica de lo propuesto por el Gobierno federal.

La razón es simple, el órgano legislativo carece de capacidad técnica para hacer propuestas de fondo a los problemas estructurales que enfrenta el gasto público.

El primer reto es la baja eficacia y eficiencia de las erogaciones públicas.

De acuerdo con el Inegi, para el periodo 2004-2016 el valor agregado generado por el sector público en sus tres órdenes de Gobierno apenas promedia un crecimiento anual de 0.2%.

En otras palabras, el crecimiento económico de 2.5% alcanzado en los últimos lustros es atribuible a la actividad del sector privado no al gasto de Gobierno que, como referencia, en 2018 ejercerá recursos por más de 5 billones de pesos, una cantidad que por sí sola debería propiciar un crecimiento del PIB de por lo menos 2 puntos adicionales al promedio citado.

Nuevamente, en la Cámara de Diputados no se hizo referencia a ello, simplemente porque su análisis gira en torno a cómo se asignan los recursos no a los resultados que se obtienen.

La política fiscal sigue sin contribuir al crecimiento de México, su mayor preocupación reside en mantener un equilibrio financiero estrictamente contable y no que sea resultado de una nación que crece vigorosamente.

Las cifras son claras. Durante los últimos años las tendencias de los recursos asignados a la inversión pública fueron recortados para con limitar el ritmo de endeudamiento improductivo en el que se incurrió desde el 2009.

No se castigó al gasto corriente, el más improductivo. El ajuste fiscal se hizo en los recursos asignados a la construcción de las obras de ingeniería que se requiere para modernizar la infraestructura. De igual forma se moderó lo asignado a la estructura educativa y de salud.
En contracorriente el costo financiero de pagar los intereses del endeudamiento va al alza: más de 663 mil millones de pesos se destinarán a ello.

Además, desde 2007 se han aplicado diversas disposiciones para disminuir los beneficios tributarios que reciben empresas y trabajadores. De acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales, en 2005 eran más 6.6% del PIB, para 2018 la prospectiva es de solamente 3.5%.
La estrategia aumenta los ingresos del Gobierno, pero disminuye la capacidad de inversión y consumo del sector privado. 

La única forma para que el mecanismo sea positivo es que genere crecimiento económico.
El problema: ello no ocurre, el valor agregado del sector público alcanzó un crecimiento promedio de 0.2% en el periodo 2004-2016 y de (-) 0.3% en 2013-2016.

Con la aprobación del presupuesto para 2018 se cierra un nuevo ciclo político y de administración pública, pero se deja pendiente una de las transformaciones más relevantes que debe realizarse en el País: elevar la calidad del gasto para convertirlo en una fuente de desarrollo económico y no en una de preocupación por la debilidad de las finanzas públicas.
Cualquier cambio deberá esperar hasta después del resultado de la elección presidencial que viene.

El autor es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.