No sé si usted se dio cuenta que la “clase política” de Coahuila (ni tiene clase ni hacen política, pero hay que agruparlos de alguna forma) está desesperada porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no está comprando carbón mineral a los pequeños y medianos productores de la Región Carbonífera desde diciembre pasado.

Primero fue Miguel Riquelme quien el 23 de enero fue a las oficinas de Manuel Bartlett, director general de la CFE, a suplicar que la empresa siga financiando el círculo vicioso en el que se hallan 140 mil habitantes de cinco municipios (70 por ciento de su población total). Lenin Pérez, por su parte, exhortó el 24 de enero en la Cámara de Diputados a que la CFE restablezca el suministro, y el 29 de enero Marcelo Torres desde el Congreso celebró –en un acto de lucimiento personal sin sustancia, fiel a su costumbre– que Gobierno del Estado estuviera haciendo las gestiones necesarias para reanudar el negocio.

Sin embargo, Armando Guadiana fue más allá. Apenas dos meses después de protestar el cargo de senador abogó ante López Obrador la construcción de una nueva central carboeléctrica, o bien, una unidad adicional a las dos plantas generadoras de electricidad (José López Portillo y Carbón II) ubicadas en Nava. Lo que sea, a fin de que la CFE consuma –y adquiera, desde luego– más carbón a empresarios mineros como él.

Por lo demás, la empresa no ha explicado si el parón obedece a una nueva estrategia o a un efecto colateral causado por la transición presidencial. El caso es que Morena, UDC, PAN y PRI, los cuatro partidos políticos que tienen representación en la entidad (Verde y PRD, como todo mundo sabe, son satélites del grupo en el poder), caminan en la misma dirección. En su defensa dirán que son representantes populares y que, como conducto, simplemente atienden un clamor popular. No obstante apuestan a la inmediatez, en el fondo. No encontrará visionarios y mucho menos estadistas en el tablero. A lo mucho quieren colgarse la medalla como gestores y cobrarla luego en las urnas, por supuesto.

Se trata, pues, de administrar la necesidad. Me explico.

En enero no hubo palabra más mencionada en México que “huachicol”. Acerca del negocio ilícito nos enteramos de algunas cosas, otras más ya las sabíamos y muchas las intuíamos.

Toda proporción guardada, el fenómeno presenta las mismas características de la minería de carbón en Coahuila: delincuencia organizada y servidores públicos involucrados, actividades extractivas, riesgos a la salud, condiciones infrahumanas, tragedias periódicas a causa de negligencia, comunidades enteras dependientes y empobrecidas eternamente, coyotaje, venta de desechos de inferior calidad, participación oficial del Estado (aquí a través de CFE, allá mediante Pemex). Por si fuera poco la base social que participa, en ambos casos, es más amplia de lo que se cree.

Si la industria nacional demanda un determinado número de toneladas del mineral, y Coahuila es el principal yacimiento del País, habrá una interrelación natural. No hay mayor ciencia en ello. Es un asunto de mercado, sí, pero también de intenciones y voluntad política.

¿Y de qué viviría la región?, se preguntarán sus defensores, cortos de miras. Lo mismo aplica para comunidades enteras de Hidalgo, Puebla o Guanajuato, por ejemplo: y si les quitan el huachicol, ¿cómo subsistirán?

CORTITA Y AL PIE

La Carbonífera lleva en el nombre su identidad: de la devastación y el abuso. ¿Tiene que ser así porque toda la vida ha sido así? Unos bajan a la mina, pican piedra, se tiznan, respiran polvo, palean… y otros cobran las ganancias, como ha evidenciado el informe “El Carbón Rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio” de la Organización Familia Pasta de Conchos.

A la “clase política” le importa el cuánto, pero no el cómo. Mantener a la Región atada al pozo, al tajo, a la cueva, sin futuro y sin expectativas, antes de que abra los ojos –si acaso sucede– y se genere un estallido social.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Los tiempos cambian. El 21 de diciembre de 2018 Alemania canceló la minería de carbón, y España hizo lo propio el día 31. En ambos casos la desaparición de la industria fue acordada hace una década –gracias al Plan de Bruselas– como incentivo medioambiental. Paulatinamente ha ido decreciendo la producción y cambiando el modelo desde entonces.

Y si bien Europa Occidental transita rumbo a prohibir las centrales térmicas que queman el combustible debido a la contaminación, no es un asunto exclusivo del europeísmo. Chile, por ejemplo, también avanza rumbo a la “descarbonización”. En 2014 se decretó licitar la última central carboeléctrica con el objetivo de impulsar a futuro las energías limpias.

Acá, en cambio, fomentan el atraso que supone nuestro huachicol de piedra. Todo mal.

@luiscarlosplata