Rick Scott, gobernador republicano de Florida, le quita los casos de homicidio en primer grado a una fiscal porque ella desaprueba la condena capital y es partidaria de suplirla por la cadena perpetua.

A Richard Lynn Scott no le tiembla el pulso a la hora de estampar su firma en un papel que condene a un ser humano culpable de asesinato a morir por inyección letal. Desde que empezó en 2011 como gobernador de Florida, este antiguo ejecutivo millonario de porte esbelto, ojos azules y cráneo rasurado ha rubricado 23 sentencias capitales, el récord del Estado. Y su fe en la muerte como castigo sigue robusta. Ahora libra una cruzada contra la fiscal Aramis Ayala porque ella desaprueba la pena capital.

Ayala, primera fiscal afroamericana de Florida, a cargo del distrito de Osceola-Orlando, decidió en marzo que su circunscripción no pediría penas de muerte. No basó su decisión en razones morales sino prácticas. Argumentó que los procesos de ejecución de los sentenciados se alargan tanto que prolongan la agonía emocional de las familias de las víctimas y multiplican los costes procesales. Sostuvo que en los casos de homicidio de primer grado es más funcional la cadena perpetua.

Scott reaccionó de inmediato. Unas horas después del comunicado de Ayala, le retiró a través de una orden ejecutiva la potestad del caso de Markeith Loyd, detenido en enero por el supuesto asesinato con arma de fuego de su novia y de una policía que participó en su arresto. El gobernador le quitó la instrucción de este crimen y la puso en manos de otro fiscal favorable a la condena a muerte.

Ayala está pisando terreno espinoso. Florida es el segundo estado con más personas en el corredor de la muerte (371), después de California. Aunque un sondeo reciente indica que un 62% de la población estatal prefiere que los asesinos paguen cadena perpetua, existen aún corrientes fuertes que defienden las ejecuciones. Y el gobernador, que en 2013 firmó una ley para acelerar la aplicación de las penas de muerte, está actuando como defensor de esa línea con virulencia. Tras dejar a Ayala sin el caso Loyd ha dado el paso de despojarla de los otros 22 casos de homicidio en primer grado que le correspondían a su Fiscalía, traspasándolos al mismo fiscal.

Ayala no se ha quedado de brazos cruzados. Esta semana ha presentado una demanda federal contra Rick Scott y el fiscal al que están yendo sus casos, Brad King, aduciendo que se está violando la Constitución al quitarle atribuciones no por error en el ejercicio de sus responsabilidades sino porque el gobernador quiere imponer otro punto de vista en materia judicial, asunto que no le compete. Scott, por su parte, ha sostenido que la ley de Florida lo ampara para asignar fiscales en situaciones especiales. Para el gobernador de Florida, que una fiscal considere apropiado sustituir las penas de muerte por condenas a cadena perpetua resulta una emergencia que exige su intervención.

Desde 1976 en Florida han sido ejecutadas 92 personas. En este Estado el sistema para matar a los condenados es la inyección letal, con tres modalidades de fármacos diferentes. El último ejecutado por asesinato fue Oscar Bolin Jr., en 2016. El español Pablo Ibar también ha estado en el corredor de la muerte en Florida acusado de homicidio, pero el año pasado el Tribunal Supremo estatal anuló la sentencia, fue trasladado a una prisión y está a la espera de que se vuelva a iniciar su juicio.