Durante el siglo 20 los campesinos en México fueron una pieza clave del ejercicio del poder, después de la intensa movilización generada por la revolución de 1910, que llevó a miles de ellos a luchar organizadamente por la tierra. Después de la Revolución, el PRI los utilizó como carne de cañón para su empoderamiento, para engrosar las urnas en las elecciones presidenciales y favorecer al candidato de su partido. Sin embargo, las condiciones de vida de la gente del campo no solamente se mantuvieron en el límite de sobrevivencia, sino que llegaron a verse en la necesidad de dejar sus parcelas para emigrar, tanto a las ciudades como a Estados Unidos, en busca de oportunidades.

En el periodo neoliberal, más de 12 millones de mexicanos emigraron al vecino país del norte, en busca de un trabajo asalariado que no encontraron en México. El dinero que envían, principalmente a sus familias, complementa los gastos de subsistencia y son un componente salarial que llena los vacíos de la economía mexicana.

El sector agrícola es, desde hace varias décadas, el sector social y productivo en mayores condiciones de rezago y vulnerabilidad. Entre 72 y 82 por ciento de los hogares maiceros (productores de maíz) rurales destinan su producción al autoconsumo humano; es decir, no la comercializan y paradójicamente el maíz importado cuesta menos de lo que le cuesta al campesino producirlo.

La realidad actual es que el 65 por ciento de los habitantes del campo son pobres multidimensionales y 23 por ciento son pobres extremos. Aun cuando en el campo mexicano vive sólo un tercio de la población del País, más de la mitad lo hace en condiciones de hambre, en rezago educativo y en condiciones de vulnerabilidad por carencia en el acceso a la alimentación. Lo cierto es que los campesinos pasaron de sujetos protagónicos a sectores marginados.

Hoy en día el campo mexicano enfrenta una severa crisis. El sector agrícola pasó de ser el principal proveedor de alimentos y su respectiva articulación con el mercado interno a profundizar y potenciar la producción de cultivos destinados a la exportación, que en muchos casos ni siquiera se dedican al consumo humano y que además ponen en riesgo la prioridad del uso del agua de riego, al tiempo que agudizan la exclusión del grueso de los agricultores y la importación de granos.

Antes teníamos autosuficiencia alimentaria sobre la base de la producción campesina, y políticas activas de apoyo y protección del Estado mexicano. Ahora estamos en el peor de los mundos: se ha desmantelado nuestra estructura de producción interna de alimentos y se tiene una dependencia alimentaria creciente a precios altos sin precedentes.

Como una respuesta a la situación de pobreza, pérdida de autoabasto, migración y caída de la productividad en el medio rural, surgió el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) que se instrumentó a finales de 1993, con Salinas de Gortari, como un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, en sustitución del esquema de precios de garantía de granos y oleaginosas.

En su momento Felipe Calderón declaró que no existía crisis alimentaria. Que éramos una excepción mundial (!) y que todo estaba bajo control. Calderón se manejó con una política de avestruz, que se negó a reconocer la existencia de la crisis alimentaria en México, beneficiando a las grandes corporaciones agroalimentarias como Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Sigma, SuKarne, Monsanto y Nestlé, entre otras, con ganancias sin precedentes.

Enrique Peña Nieto creó la Reforma para la Transformación del Campo, lo que significó, según el director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor Suárez Carrera –en 2014–, “la estocada final” a los campesinos mexicanos y la entrega de recursos naturales a las grandes trasnacionales, ocasionando la privatización del campo y sus comunidades, la creación de monopolios, la dependencia alimentaria y la llegada de la industria agrícola transgénica.

Una evaluación del programa Procampo revela que los campesinos solamente recibieron migajas y los grandes beneficiarios fueron grandes productores agrícolas.

En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se eliminaron los anteriores programas de apoyo al campo y se ha creado el programa de Producción para el Bienestar, a través del cual se apoya a productores pequeños y medianos con cuotas diferenciadas: mil 600 pesos por hectárea para los pequeños y mil pesos por hectárea para los de mediana escala. El programa incorpora a 250 mil productores de comunidades indígenas de alta y muy alta marginación, a 170 mil productores de caña de azúcar y a 250 mil caficultores.

Una situación novedosa es que estos apoyos son directos, libres de intermediarios; se entregan con órdenes de pago o depósitos bancarios, o con tarjeta en los Bancos del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Durante este año 2020, se construirán mil 350 sucursales de este banco en todo el País, con una inversión de 5 mil millones de pesos y mil 350 sucursales más durante 2021.

Esto ha enfurecido a gobernadores, alcaldes, funcionarios y empresarios que se favorecían con el sólo traspaso de dinero del Gobierno Federal a los beneficiarios. ¡Eso se acabó!