Todo el año pasado la retórica del gobierno del Estado en materia de seguridad se centró en repetir y repetir que la delincuencia organizada estaba al acecho de entrar en la entidad.

Que no había descanso porque querían incursionar, que la delincuencia organizada sigue perturbando en Coahuila, que intentaron ingresar innumerablemente, que tratan de entrar por distintas partes del estado. Y también se repitió una y otra vez, sobre todo por el exsecretario de Seguridad, José Luis Pliego Corona, que no había grupos del crimen organizado, que no operaba ninguna banda.

Sin embargo, al terminar el 2019 el recuento de delitos federales, sobre todo los que tienen que ver con narcotráfico y robo de hidrocarburo, ponen en entredicho aquello del “acecho”.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las averiguaciones abiertas por delitos federales contra la salud como la producción, suministro y posesión de narcóticos fueron los más altos el año pasado, en los últimos tres años.

El delito de suministro pasó de cero y cuatro denuncias en 2017 y 2018, a 39 el año pasado. Según el Código Penal Federal, por suministro se entiende la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos.

El delito de posesión (tenencia material de narcóticos) pasó de 57 y 28 en los dos años anteriores, a 99 en 2019.

Pero uno que llamó la atención fue el de la producción, pues en 2017 y 2018 sumaron nueve expedientes, pero en 2019 aumentó a 22 averiguaciones, el lugar 15 en todo el País.

Si bien no ocupamos los primeros lugares en cuanto al robo de hidrocarburos (Coahuila está en el vigésimo sitio entre los estados con más averiguaciones abiertas por este delito en 2019), los 87 expedientes son de llamar la atención, sobre todo porque en promedio 3 de cada 10 son por tomas clandestinas.

Por ejemplo, de 2006 a 2012, según el Observatorio Nacional Ciudadano, se habían presentado 150 denuncias por dicho delito y de 2013 al 2017 subió a 250, es decir, un promedio de 50 por año.

Los 87 expedientes y diversas notas sobre aseguramientos de combustibles o tomas clandestinas, hacen quedar mal al exsecretario de Seguridad, quien inclusive en noviembre había declarado que el robo de combustible o la distribución ilegal se había reducido a cero.

AL TIRO

¿De dónde partimos, del discurso o de las cifras? Cierto, el nivel de inseguridad no está como hace ocho, nueve años. La delincuencia organizada es una realidad en el País y ningún estado está exento de este fenómeno.

Coahuila es territorio rico en muchos sentidos para el crimen organizado. Pero Coahuila también figura entre los 10 estados con mayor consumo de drogas en México según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, y poco se hace para contrarrestar esa estadística.

Se alertó hace tres años del incremento en el consumo de cristal y nada se hizo. Se alertó de la disminución en la edad de comienzo para consumir drogas ilegales y nada se hizo. Se alertó de los huérfanos, de los niños resentidos, del caldo de cultivo que creció en varias partes del estado, y sigue sin hacerse nada.

Según el Presupuesto de Egresos 2020 de Coahuila, se tiene planeado gastar 31 millones 644 mil 292.53 pesos en “prevención social de la violencia contra las mujeres y la delincuencia”. La cifra es una migaja si se compara con otros gastos.

La apuesta de este y en general todos los gobiernos, sigue siendo el tema de reacción, el combate y el fuego. A largo plazo no se tiene visión, porque después de seis años ya no votan por ti, mucho menos después de 10 o 15 años. La prevención es simulada en todos los sentidos porque no deja dividendos políticos.