La salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie, por ninguna razón, incluyendo su nacionalidad o estatus migratorio.

Se debe proteger el derecho a la vida y la protección de la salud, la vacunación es obligatoria, porque en este caso existe la posibilidad de un riesgo a la salud y la presencia de un riesgo inmediato grave para la integridad física de una persona (epidemia), por lo cual hay un fin legítimo de proteger y garantizar la salud de cada individuo.

El derecho a la protección de la salud se encuentra contenido en diversos instrumentos normativos, en el artículo 4 de nuestra Constitución y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es por ello que, en términos generales, las autoridades de las naciones y de los Estados tienen muchas obligaciones al respecto.

Como lo  dice el  artículo 2.1  del  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los  Estados tienen el deber inmediato de “prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales o de otra índole y la lucha contra ellas”, por lo que, en consecuencia, se encuentran obligados a ejecutar programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas, con el deber de hacerlo “hasta el máximo de los recursos de que disponga”.

La pandemia de COVID-19 ha causado un impacto desproporcionado en personas que han estado históricamente marginadas y discriminadas, los gobiernos deben tomar en consideración factores de derechos humanos, que sitúan a algunas personas en una situación más vulnerable, además de ahondar en las desigualdades ya existentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que, para llegar a la inmunidad de grupo, será preciso vacunar aproximadamente al 70 por ciento de la población mundial, por lo cual, acaparar vacunas para una minoría no pondrá fin a esta pandemia, los Estados ricos deben de cooperar con los países más pobres, para que se distribuyan las vacunas de una manera justa y equitativa.

El problema para garantizar este derecho humano a la vida y a la salud no es de carácter normativo, es decir, el derecho está debidamente legislado, sin embargo, existen grandes discrepancias en el ritmo de vacunación entre países. En la web “World in Data” se recopilaron los datos oficiales ofrecidos por cada país en cuanto a las dosis de vacunas por cada 100 habitantes en el mes de enero 2021. El que presenta una mejor proporción de vacunados es Israel; en Europa, Dinamarca; en América Latina, Estados Unidos supera el 3 por ciento de lo que corresponde a los trabajadores de la salud y Argentina, México y Chile tienen un porcentaje de 0.6.

Una investigación llevada a cabo por OXFAM concluye que los países más ricos que representan el 13 por ciento de la población mundial, ya más de la mitad de las futuras vacunas desde   noviembre del 2020, más del 80 por ciento de la producción prevista para el 2021 de los laboratorios Pfizer y Moderna habían sido ya vendidas a países ricos.

Cada individuo tiene el derecho a ser vacunado, es un derecho humano: a la vida y a la salud, pero la escasez de la vacuna y la disponibilidad de la misma, ha ocasionado que los países limiten involuntariamente el derecho a la vacunación.

Concluyendo, la solución sería que los países latinoamericanos aceleren las conversaciones con la Organización Mundial de la Salud, las compañías farmacéuticas y otras organizaciones internacionales, para garantizar el acceso inmediato a las vacunas disponibles y obtener los derechos para iniciar la producción de dosis suficientes para proteger a la población más propensa; esa sería la única barrera por vencer, que cedan las farmacéuticas sus derechos de propiedad intelectual sobre las fórmulas de vacunar y así poder producir suficientes dosis.

Cada farmacéutica tendría que compartir las fórmulas, para que no se creen monopolios y evitar el desabastecimiento y el retraso en la producción, lo cual sería letal para la población mundial, tal vez accediendo a financiamiento público, pues no podemos dejar de lado que dichos laboratorios han invertido grandes cantidades de dinero en los estudios científicos y sueldos de investigadores, para poder obtener cada vacuna. Lo justo es que se les reembolse, y también obtengan una ganancia, aunque esta no sea muy lucrativa, como notablemente sería tratándose de otro tipo de medicamentos, para otro tipo de enfermedades, sin embargo la pandemia lo justifica, por un respeto y garantía a los derechos a la vida y a la salud.

MAYELA SILLER

Directora jurídica del programa Aliados Contigo

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