De acuerdo con el Artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los funcionarios públicos tienen derecho a un aguinaldo “equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna”.

A ello se suma la “gratificación de fin de año” que reciben junto con su aguinaldo. Dicha gratificación, que es proporcional a la “compensación garantizada” que reciben como parte de su salario, es asignada según su nivel de puesto y hasta por un monto equivalente a 40 días de trabajo adicionales (artículos 12 y 13 del decreto DOF:05/10/2018).

Por fórmula, el aguinaldo neto del Presidente debería ser equiparable a 40 días de su salario neto (346 mil 170.11 pesos). Pero con el beneficio de la gratificación, esa cantidad se vuelve 22 por ciento mayor (asciende a 423 mil 628 pesos netos).

En comparación, el trabajador promedio, de acuerdo el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, tiene derecho a un aguinaldo “equivalente a 15 días de salario, por lo menos”. Con un salario como el del 75 por ciento de la población, esta cantidad asciende a un mínimo de entre 1 mil 325.40 y 6 mil 627 pesos.

La remuneración y prestaciones de los servidores públicos son adecuadas al “desempeño de su función”, porque “reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto”, o al “logro de resultados sobresalientes”, se lee en los artículos 127 constitucional, 64 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los apartados 3 y 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Este aspecto contrasta con los resultados de la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), según los cuales, sólo el 39 por ciento de la población mexicana confía en los funcionarios públicos, cantidad superior a la confianza depositada en los gobiernos estatales (29.3) y federal (25.5 por ciento).

El tema de la reducción de percepciones y beneficios por parte de los servidores públicos cobró importancia derivado de las recientes medidas de austeridad, anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin tocar el debate sobre una justificación real –o no– de los ingresos y beneficios que reciben los servidores públicos, en la Administración Pública Federal existe “un manejo discrecional” de los criterios que determinan la base salarial de los cargos públicos, concluye el estudio “Análisis de puestos y sueldos de personal de mando en la Administración Pública Federal 2018”, realizado por el profesor Luis Alfredo Sánchez Ildefonso, del Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su análisis de las estructuras organizacionales de las secretarías de Estado, Sánchez recomienda una revisión y redistribución de las estructuras orgánica y de remuneraciones en el sector público, con mecanismos “de evaluaciones del desempeño objetivas y un servicio civil de carrera funcional, para evitar la asignación de sueldos que no correspondan a las realidades y necesidades de la institución ni del servicio público”.