Por Juan Luis García Hernández 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) estará construido sobre el ejido de San Salvador Atenco. Un peritaje incluido dentro de una demanda de disputa por los terrenos en los que se edificará la megaobra determinó que alrededor de 200 hectáreas pertenecen a los ejidatarios, aseguró uno de los representantes legales de los afectados.

En un juicio de amparo, los demandantes exponen información contraria a la que el Gobierno federal  difundió sobre el NAICM. “No hay ni habrá ningún decreto expropiatorio porque el aeropuerto no requiere un solo metro de tierra para poder construirse”, dijo ante medios de comunicación el Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, el 5 septiembre del 2014.

Hace 15 años, el Presidente Vicente Fox Quesada anunció que expropiaría terrenos de los comunitarios de San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto. El intento fracasó debido a las manifestaciones de rechazo de parte de sus habitantes.

Bajo el argumento de evitar una nueva disputa, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció en septiembre de 2014 la obra de infraestructura más ambiciosa del sexenio se realizaría dentro de los límites de terrenos federales.

Pero una demanda interpuesta por cinco ejidatarios en el Juzgado Quinto de Distrito de Nezahualcóyotl niega que los terrenos sean completamente federales. Ya que usurpan parte del ejido de San Salvador Atenco, de acuerdo con el peritaje hecho por el ingeniero Arturo Cerino Nava.

El Gobierno habría basado el uso de estos terrenos en los decretos presidenciales de 1971 y 1982, que los declaran parte del fuero federal.

“Estos dos decretos se empalman con los terrenos ejidales de las distintas comunidades aledañas, entre ellas San Salvador Atenco. Siendo que los ejidatarios no tenían información de la expropiación de estos terrenos, no se había interpuesto demanda. Ahora salen a la luz porque el Gobierno tenía que justificar la supuesta propiedad esas tierras”, explicó el abogado de los quejosos, Ricardo Lagunes.

Lagunes detalló que los terrenos fueron propiedad de la Comisión Nacional del Agua, hasta que en septiembre del 2014 fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para la construcción del NAICM, que cubrirá un área de 4 mil 431 hectáreas.

“Si el Juez nos concede estos terrenos, el Gobierno se queda legalmente sin ellos. Con la demanda se van a controvertir la constitucionalidad de estas tierras”, advirtió Lagunes.

El amparo 514 fue interpuesto en mayo del 2014. En ese momento la demanda se centraba la suspensión del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT). Sin embargo, conforme el anuncio de la construcción del NAICM tres meses después, los ejidatarios decidieron realizar una ampliación de la demanda para evitar el uso de los terrenos que consideran que les pertenecen.

Ahora la demanda incluye a la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México.

Y aunque en principio la ampliación fue rechazada por el Juez Agustín Archundia Ortíz, el jueves de la semana pasada el Primer Tribunal Colegiado en Nezahualcóyotl aceptó un recurso de queja y ordenó admitir la ampliación.

“En no más de 15 días el Juez quinto de Distrito tendría que estar solicitando informes a Presidencia de la República. Y se viene discutir el tema de la suspensión de los efectos que tienen estos decretos”, dijo Lagunes.

¿AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS?

El amparo se basa en que los pueblos indígenas tienen el libre derecho de decidir sobre el uso de sus tierras, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pese a que México carece de una legislación secundaria sobre este tema, sí es signatario de diversos acuerdos con entes internacionales. Uno de éstos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyos fallos ha acatado en casos de diversa índole.

Una consulta que no se hizo en el 2001, cuando Fox intentó forzar la expropiación de las tierras. Las protestas de parte de los ejidatarios no se hicieron esperar, pese a que el Gobierno les ofreció compensaciones.

Finalmente, la organización de campesinos, ahora conocida como Frente Popular por la Defensa de la Tierra (FPDT), ganó la disputa por los terrenos. Pero, el conflicto dejó una zona de tensión social, en donde la violencia terminó por desatarse en el 2006, cuando el FPDT se opuso al desalojo de los vendedores de flores del mercado de Texcoco.

Un evento en el cual dos miembros campesinos fueron asesinados y al menos 26 mujeres sufrieron de violencia sexual. En ese entonces, el Presidente Enrique Peña Nieto era el Gobernador del Estado de México.

Este precedente podría estar latente en la mente de otras comunidades que también se alzaron en el 2001. Si bien, los ejidatarios amparados son de San Salvador Atenco, también hay otros ejidos que serán afectados,de acuerdo con el trabajo de Cerino Nava, entre ellos: San Bernardino, Texcoco; Tocuila, Texcoco y sus barrios San Felipe y Santa Cruz; así como el ejido Francisco I. Madero en el municipio de Atenco.

AMPARO CONTRA EL NAICM

El amparo 514/2014 se centra en la disputa de los terrenos, el avance de este juicio podría empezar a entrelazarse con otro, con número 14/2015, en el Juzgado Noveno de Distrito de Nezahualcóyotl, en el que 70 comunitarios de ocho comunidades se ampararon en contra del NAICM desde enero del año pasado.

Entre ellas se encuentran los poblados de San Salvador Atenco y San Cristóbal Nexquipayac, en el municipio de Atenco, y San Miguel Tocuila, y de Texcoco.

La demanda de amparo se interpuso en contra de 23 actos de autoridad, entre ellos la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del NAICM, concedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lagunes explicó que la SCJN rechazó atraer el amparo en contra de la MIA del NAICM. Sin embargo, recientemente el Juzgado Noveno decidió que se realizara un peritaje por parte de un antropólogo de la judicatura para determinar si los ejidatarios pueden ampararse en el convenio 169 de la OIT antes mencionado, y así hacer una consulta.

“Estamos esperando que el perito antropólogo rinda su dictamen en un plazo de 10 días hábiles.  Tiene que determinar el derecho que tienen de haber sido consultados, durante el diseño del proyecto y todas las licitaciones que se han lanzado para construir el proyecto”, detalló.