Habrá quienes estén ocupados en la plata o el bronce que los deportistas puedan traer de las Olimpiadas. Algunos otros estamos preocupados por la plata y el oro que compañías extranjeras se llevan de nuestras tierras. Cuestión de prioridades, imagino. 

Retrocedamos a julio de este año. En el municipio de Ocampo (ejido Tenochtitlán), Coahuila, se advirtió la filtración de cianuro hacia afluentes naturales de agua provenientes de los trabajos de extracción minera de plata en “La Encantada”, operada por First Majestic Silver Corp. Este medio señaló después la atención tardía de la autoridad nacional (VANGUARDIA, julio 29, 2016). Un mes después, se denunció un segundo derrame y el todavía silencio de la PROFEPA (VANGUARDIA, agosto 16, 2016). 

Como si tener las aguas contaminadas con cianuro no fuera suficiente, a finales de agosto se anunció que la empresa minera ganó un litigio contra el ejido Tenochtitlán por 2 mil 400 hectáreas (VANGUARDIA, agosto 20, 2016). Lo tupido sobre lo mojado.

No se mal entienda. No hay aquí una postura contra la inversión extranjera; lo que incomoda es la pasividad (casi complacencia) de la autoridad nacional. La relación desigual entre la empresa canadiense y los ejidatarios de Ocampo, por ejemplo… y las autoridades estatales y nacionales que no parecen involucrarse para igualar la balanza.

La First Majestic Silver Corp es una empresa canadiense que trabaja en México. Es relativamente joven, su primera mina (“La Parrilla”) fue adquirida en Durango en 2004. A Coahuila llegaron en 2006, explotando la “La Encantada” en el municipio de Ocampo, dos años después. Aún cuando tienen en operación más minas (en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, San Luis), la de Coahuila es la operación más importante. 

En el caso de Ocampo, al menos dos de los temas recurrentes: la contaminación de agua y el litigio sobre derechos de la tierra. Asuntos recurrentes cuando se encuentran las compañías mineras con los ejidatarios. Donde, parece, éstos últimos siempre pierden. 

Hace cosa de un año, en julio de 2015, la agrupación Earthworks Action publicó un estudio donde ya advertían que eso de los derrames de material tóxico en cauces de agua estaba sucediendo más a menudo sin que se pusiera suficiente atención en la solución o la salud de las personas. 

También en el norte del País, en Sonora, tenemos el padre de todos los ejemplos. Un derrame de proporciones infames, sobre una de las principales vías acuíferas de la Entidad. Al día de hoy, se dice que todo está bien… pero las voces en contra siguen cuestionando cómo se distribuyó el dinero de un fideicomiso, quiénes salieron ganando y quiénes perdiendo.

Para el caso de Ocampo, hace un par de meses Sin Embargo publicó un reportaje firmado por Juan Luis García Hernández donde se da cuenta del efecto social alrededor del litigio entre el ejido Tenochtitlán y la First Majestic. El título es más que ilustrativo: “¿Podrá una mina canadiense despojar el patrimonio de 36 viejitos?” Ahora ya tenemos la respuesta, sí. 

¿Y si lo vulnerable de los grupos que habitan las tierras fuera el denominador común?

Muy recientemente, el investigador de la UNAM Andrew Boni defendió su tesis doctoral “Minería, conservación y derechos indígenas: Territorio y conflicto en Catorce, San Luis Potosí”donde se analiza el conflicto entre una comunidad de huicholes (Frente en Defensa de Wirikuta) y la empresa minera First Majestic. 

Desde lo periodístico o lo académico. Desde donde se quiera ver, el asunto está presente y debiera importar. 

@victorspena