De 1940 a 1946 gobernó el País Manuel Ávila Camacho, con los consabidos resultados que conocemos. A partir de aquí comenzó lo que se conoció en la economía como el “Milagro Mexicano” y se extendió hasta finales de los años setenta. Lo que pasó en este tiempo no solo tuvo que ver con el buen manejo de la economía a cargo de Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, con su modelo proteccionista y de economía “hacia adentro”, sino también con el modelo educativo que propuso Jaime Torres Bodet, secretario de Educación en ese entonces.

La combinación del sector privado y el sector público en lo económico trajo consigo la industrialización y la calidad de vida para las mayorías, hasta finales de los setentas, apuntalado por un sólido modelo educativo que se llamó el “Plan Once Años”, que a la base tuvo el axioma de “Educación para la democracia y la paz”.

El objetivo del plan apuntó hacia la construcción de una ciudadanía transversal, donde la educación para la libertad, la democracia, la justicia y la paz fueron los ejes fundamentales. En un mundo convulsionado por el peligro de la guerra, se enseñó a los niños y a los jóvenes los valores cívicos que se bajaron a la práctica a través del amor a la patria, la importancia de vivir en comunidad y la búsqueda de la paz, ante todo.

Sin embargo, todo esto se truncó a finales de la década de los setenta, cuando Luis Echeverría, presidente de México, y Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación, implementaron la llamada Reforma Educativa que se sostenía con un sistema modular donde se generalizó el conocimiento. Se educó para todo y para nada, y de la formación de ciudadanos para posibilitar la democracia y la paz no se volvió a hablar.

Los vacíos que se generaron con la Reforma Educativa de los setenta hoy se encuentran exponencialmente cobrando factura. Probablemente quienes están a cargo de las dependencias públicas y son los líderes de las organizaciones, cualquiera que éstas sean, son hijos del sistema modular de los setenta.

Por los años ochenta, siendo comparsa del modelo que llegaba, se educó para la utilidad y el mercado. Luego se educó en competencias sin entender el concepto.

Hoy, por la realidad que experimentamos está claro que no se educa para la paz ni para la solidaridad, difícilmente para la democracia. Se educa para poseer, para consumir, para tener, para ser eficiente, para el pragmatismo; pero no para preservar la cultura, asimilar y desarrollar las ciencias, desplegar las bellas artes y promover una educación que hiciera a la persona consciente de sus derechos y libertades para vivir en comunidad. Se sigue educando para conservar el status quo de unos cuantos y para formar personas que se comporten cómo autómatas del modelo económico reinante. No sigamos equivocándonos, sólo la educación puede hacer posible la democracia.

Hoy se requiere que la escuela y las universidades formen racionalmente a los estudiantes. Que tengan un alto nivel de información y conocimientos sobre su País y su historia. Que tengan un pleno conocimiento de sus derechos y un respeto irrestricto por la ley. Que sean poseedores de una amplia cultura democrática y un alto nivel de participación, dialogando, tomando decisiones y resolviendo conflictos. Que tengan un alto sentido de la justicia, de la igualdad, de la tolerancia y de la libertad, porque tener una cultura democrática implica tener conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para una gobernanza eficiente.

La educación y quienes la ofertan, por ningún motivo pueden ser cómplices ni estar al servicio de grupos de poder. Sería traicionar a la sociedad, a los académicos y a las familias que confían en ella, utilizando a los alumnos como carne de cañón para fines particulares. Si alguna universidad, escuela o modelo educativo sucumbe a estas tentaciones, estará equivocando el rumbo y la esencia de su existencia. Eduquemos para la democracia y la paz.

fjesusb@tec.mx